![En el Ministerio de Gobernación de Nicaragua se deben registrar las organizaciones consideradas Agentes Extranjeros. [Foto Houston Castillo, VOA]](https://gdb.voanews.com/45f0a212-1be7-4077-8b9d-3406dbad859a_w250_r1_s.png)
Organizaciones de la sociedad civil, otras de derechos humanos y hasta entidades universitarias han sido canceladas en Nicaragua desde que comenzó en 2018 la crisis sociopolítica a la fecha, según un conteo realizado por activistas y opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Desde 2018, Ortega emprendió una persecusión contra el derecho de asociación, según ha dicho la disidencia, pero fue perfeccionada tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en octubre de 2020 y la cual establece un riguroso registro para las entidades que reciban apoyo del extranjero.
La poeta Gioconda Belli, quien formaba parte de la organización PEN Internacional, capítulo Nicaragua, manifestó que la “ley de Agentes Extranjeros, con sus infinitos requisitos requerirían un personal del que carecemos”.
Otras que han hecho lo posible para registrarse no se les ha permitido, como es el caso de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), poniendo en riesgo su operación en cualquier momento, lo que dejaría un vacío en este ámbito ya que es la única organización de esta materia que ha quedado en pie en Managua.
Recientemente, la Asamblea Nacional ilegalizó a unas nueve oenegés incluida la Universidad Hispanoamericana (Uhispam). De igual forma dejó sin estatus legal al Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), pertenecientes al empresario sandinista Leonardo Torres.
La Uhispam, cuyos bienes pasaron a manos del Estado al igual que la mayoría de las organizaciones canceladas, tenía activos de casi dos millones de dólares en bienes, los cuales fueron “confiscados”, dijo a la Voz de América una fuente bajo condición de anonimato por temor a represalias.
¿Qué hay tras estas cancelaciones?
Según el exdiputado y analista político Eliseo Núñez, el fin de las cancelaciones masivas a organizaciones de la sociedad civil a las cuales se refiere como “un plan absolutamente maquiavélico” está pensado básicamente para desgarrar a la sociedad en pequeños pedazos para tener el control de todo.
“La anulación de las ONG obedece a esto de tener una sociedad sin capacidad organizativa para que no pueda hacerle frente a la dictadura”, indica Núñez.
“Ortega no admite ningún tipo de organización, sea esta política, de sociedad civil, gremial o de cualquier otra forma” y señala que el fin es “generar una dispersión que le permite también a la vez hacer que el miedo que provocan sus fuerzas represoras sea mayor porque hay una sensación de soledad en el reprimido”.
Mientras tanto, el abogado y defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, quien lidera el colectivo Nicaragua Nunca Más, considera que el derecho de asociación es visto por el gobierno nicaragüense como una amenaza.
“Toda persona, toda ciudadanía que en Nicaragua ejerce su derecho a vivir en libertad, de expresarse libremente es considerada como enemiga”, advierte.
Lo que se muestra -explica- en "la cancelación de personería jurídica a más de sesenta organizaciones que también incluye a expresiones internacionales, de la cooperación, asociaciones, fundaciones que estaban cooperando con Nicaragua".
Carrión estima que con el cierre, el Gobierno de Ortega "pretende imponer una sociedad absolutamente cerrada, silenciada, y por supuesto, la organización libre no es compatible con la dictadura".
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