"Hacemos un llamado al gobierno de Cuba para que libere a Alan Gross inmediatamente e incondicionalmente, y permitirle que regrese con su familia y así poner fin a esta prueba que comenzó hace más de un año", dijo la Casa Blaca por medio de un comunicado.
La exigencia llega a horas de que el gobierno cubano ratificara la sentencia de 15 años de prisión contra el contratista estadounidense Alan Phillip Gross, acusado de actos de espionaje.
Así lo anunció el portal oficialista Cubadebate.cu: “La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular emitió resolución definitiva en la que desestima la impugnación realizada por el ciudadano estadounidense Alan Phillip Gross y su abogada (…)”.
El congresista demócrata Eliot Angel aseguró que la decisión el gobierno cubano está cometiendo un grave error al mantener en prisión al estadounidense.
"Fue un error del régimen cubano arrestar a Alan Gross, hicieron mal al encarcelarlo y se equivocaron al rechazar su apelación. Alan Gross estuvo en Cuba para ayudar a llevar internet en una pequeña comunidad judía - eso no es un delito, salvo en una dictadura como la de Cuba", dijo Angel en comunicado enviado a la prensa.
El funcionario estadounidense pidió tajantamente que el "régimen cubano a libere a Gross sin demora".
El pasado 22 de julio, Gross compareció ante una audiencia en el Tribunal Supremo para apelar su sentencia. Era la última instancia judicial que le quedaba para modificarla.
El contratista de 62 años fue arrestado en La Habana en diciembre de 2009 por intentar ingresar ilegalmente equipos de comunicaciones a Cuba. En marzo pasado fue condenado a 15 años de prisión por “actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado”.
Cuba alega que el viaje de Gross, que trabajaba para una empresa que presta servicios a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tenía como fin socavar el sistema socialista y promover la subversión, y que era financiado por Estados Unidos.
Según el portal Cubadebate.cub, el contratista ha contado “durante la tramitación del asunto” con “todas las garantías y derechos sobre el debido proceso judicial previstos en la Constitución, las leyes cubanas y los instrumentos internacionales relativos a estos temas”.
