Cuba entregará licencias de operadores de criptomonedas a personas naturales y jurídicas por un año para que comiencen a trabajar legalmente en la isla.
Ocho meses después de que los activos digitales o criptomonedas fueran reconocidos como medio de pago legal y valor de intercambio en la isla, el Banco Central de Cuba (BCC) dio a conocer en una publicación de la Gaceta Oficial el miércoles una norma regulando y supervisando la actividad, que se incrementó en los últimos años incluso como una forma de enviar remesas.
La resolución firmada por la presidenta del banco, Marta Sabina Wilson, estableció que los interesados en ser “proveedores de servicios de activos virtuales” trabajando en Cuba deberán obtener una autorización que se les entregará luego de presentar una serie de documentos. La norma entrará en vigor a mediados de mayo.
Las criptomonedas o criptoactivos son una suerte de dinero digital, sin existencia física y que no tienen respaldo ni en el oro ni en las instituciones bancarias nacionales de los diferentes países, es decir, no pueden en su conjunto ser controladas por ningún Estado o casa emisora.
Las licencias otorgadas por el BCC durarán un año y serán prorrogables por otro más “dado el carácter experimental y novedoso de este tipo de actividad”, indicó la disposición.
Los requisitos a presentar por los interesados van desde el modelo de negocios, el capital involucrado, las comisiones a cobrar, la seguridad informática para la transmisiones, hasta un aval de que la operación no servirá para el blanqueo de dinero ilícito, entre una larga lista de exigencias.
Las criptomonedas -sobre todo Bitcoin, Ethereum, Litecoin y USDT- se volvieron relativamente populares en Cuba en los dos a tres últimos años tanto por la pandemia de COVID-19 que limitó los viajes -incluidas muchas personas que traían en mano dinero a sus familiares- así como por las restricciones que Estados Unidos impuso al envío de remesas a la nación caribeña.
Paralelamente Washington incrementó la persecución al uso del dólar por parte empresas o bancos en actividades que tuvieran que ver con Cuba.
Muchos isleños, sobre todo los jóvenes y profesionales altamente calificados, vieron una posibilidad de “esquivar” las prohibiciones norteamericanas mediante el uso de este tipo de activo digital, obtener dinero o hacer avanzar emprendimientos. Pero el negocio tenía un vacío normativo dada su novedad.
El propio gobierno cubano reconoció en 2019 que estudiaba su uso.
Según la nueva norma el permiso o su denegación serán dados a conocer por escrito a los interesados luego del estudio de la documentación. En caso de ser aprobados éstos no podrán realizar modificaciones o dejar de operar sin conocimiento del BCC. Los incumplidores enfrentarán multas o procesos penales.
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