La Asamblea Nacional de Cuba aprobó el jueves nuevas leyes que amplían los derechos de los ciudadanos, cuando el país es criticado por las enérgicas sanciones que tomó este año contra manifestantes.
Los cambios se derivan de la Constitución del país de 2019, que requirió reformas para modernizar los obsoletos códigos judicial y penal de Cuba.
El nuevo marco aborda vacíos legales clave identificados por activistas, que alegan que las autoridades alardearon de que hubo debido proceso tras las manifestaciones sin precedentes del 11 y 12 de julio.
Diputados y jueces cubanos dijeron que las nuevas leyes fomentan la transparencia y aumentan la protección para los acusados de un delito.
Las normas exigen, por ejemplo, que se notifique a los acusados de los posibles cargos en su contra y que se conceda a los detenidos el derecho a un abogado en un plazo de 24 horas.
Los ciudadanos también podrán acceder a sus propios archivos y documentos judiciales, según detalles de la nueva norma.
Eloy Viera, un abogado y analista legal cubano que reside en Canadá, dijo que las leyes eran un gran avance en términos de consagrar el derecho de un ciudadano a defenderse en un tribunal de justicia.
"Esta ley ofrece mucho más garantía y (es) mucho más apegada a los estándares internacionales que la normativa vigente hasta la fecha", dijo Viera a Reuters.
Pero la forma en que se implementen esas leyes determinará si los cubanos ven o no cambios significativos en sus derechos legales, dijo William LeoGrande, profesor del gobierno en la American University en Washington.
"Las leyes (...) aún les dan a los funcionarios una considerable discreción y solo el tiempo dirá cómo las usan, especialmente en casos políticos", dijo.
Disidentes y organizaciones de derechos humanos sostienen que más de 1.000 manifestantes fueron arrestados tras las protestas de julio, los mayores disturbios antigubernamentales desde la revolución de Fidel Castro de 1959.
Algunos cubanos fueron detenidos sin cargos, incomunicados y a otros les faltó representación legal.
El gobierno cubano dice que los arrestados en julio incurrieron en delitos como desorden público, resistencia al arresto y vandalismo. La Habana ha declarado "ilícitas" las marchas de la oposición previstas para el 15 de noviembre, pues argumenta que son financiadas y promovidas por Estados Unidos.
Las leyes aprobadas el jueves entrarán en vigor el 1 de enero de 2022. "No creo que esta nueva legislación tenga una influencia definitiva en los procesos ya iniciados políticamente hoy, y motivados por los manifestantes del 11 de julio", dijo Viera.
Algunos expertos legales dijeron que cualquier avance en el código penal sería eclipsado por el sistema de gobierno de partido único.
"Los magistrados de la Corte Suprema aún pueden ser destituidos fácilmente. Ningún tribunal puede declarar inconstitucional una ley de la Asamblea Nacional. No existe una entidad independiente que proteja los derechos constitucionales", dijo el experto cubano-americano jubilado Jorge Domínguez.
No obstante, las reformas eliminan una criticada ley, la peligrosidad predelectiva, que durante mucho tiempo permitía a las autoridades encarcelar a las personas si consideraba que podían ser peligrosas, un tipo que, según los críticos, se usaba con frecuencia contra disidentes.
También se incluye una prohibición de la detención ilegal.
La periodista independiente Yoani Sánchez escribió que eso todavía no es suficiente.
"Siguen vigentes leyes represivas que se aplican arbitrariamente con frecuencia contra opositores, activistas y periodistas independientes, como el confinamiento domiciliario y la prohibición de salir del país", escribió.
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