Incitados por teorías de conspiración sobre la elección presidencial de 2020, activistas en todo Estados Unidos están usando leyes que permiten que la gente cuestione el derecho de una persona a votar a fin de objetar el registro de miles de votantes a la vez.
En Iowa, el auditor del condado de Linn Joel Miller tuvo que lidiar con tres objeciones similares en los 15 años previos. Miller recibió 119 en apenas dos días, luego de que Doug Frank, un activista de Ohio que está recorriendo el país para diseminar dudas sobre la elección del 2020, pasó por el estado.
En el norte de Florida, en el condado de Nassau, dos residentes impugnaron las inscripciones de casi 2.000 votantes apenas seis días antes de las primarias del mes pasado. En Georgia, los activistas están presentando montañas de objeciones en los condados mayoritariamente demócratas que forman el área metropolitana de Atlanta, incluso más de 3.500 en un condado el mes pasado.
Los funcionarios electorales dicen que la vasta mayoría de las objeciones serán irrelevantes, porque disputan la presencia en las listas de votantes de personas en el proceso de ser retiradas porque se mudaron fuera de la región. Aun así, crean potencialmente centenares de horas adicionales de trabajo en momentos en que las oficinas electorales se preparan para la elección de noviembre.
“En el mejor de los casos, abruman a los funcionarios electorales de cara a una elección y en el peor de los casos obligar a sacar del padrón de electoras a personas que no deberían serlo”, lamentó Sean Morales-Doyle, del Brennan Center for Justice, una organización que ha monitoreado el aumento de tales impugnaciones.
Las personas que defienden las mentiras del expresidente Donald Trump están inundando las oficinas electorales en todo el país con pedidos de documentos públicos y amenazas de litigio, creando una sobrecarga de trabajo para los funcionarios electorales en momentos en que las oficinas se preparan para los comicios legislativos de noviembre.
“Nos hace desperdiciar tiempo, porque tenemos que consultar con los abogados del condado sobre la respuesta apropiada”, expresó Rachel Rodríguez, supervisora electoral del condado de Dane, en Wisconsin, que incluye a Madison, la capital del estado.
Ella recibió hace dos semanas correos electrónicos duplicados que demandaban documentos públicos: “Toma tiempo valioso que no tenemos como funcionarios electorales cuando estamos tratando de prepararnos para la elección de noviembre”.
Michael Henrici, el comisionado demócrata para las elecciones en el condado de Otsego, en el estado de Nueva York, recibió la semana pasada un correo electrónico de una sola línea que advertía de un litigio no especifico sobre la “integridad lectoral”, seguido por una queja de que él no había respondido.
“No son personas con quejas específicas”, agregó Henrici. “Están recibiendo un formulario de carta del podcast de alguien y algunas veces únicamente están llenando los espacios en blanco”.
Numerosas investigaciones y revisiones, incluso una por parte del Departamento de Justicia de la era de Trump, concluyeron que no hubo fraude significativo en la elección presidencial de 2020 y las cortes rechazaron decenas de demandas presentadas por Trump y sus aliados, pero Trump ha seguido insistiendo en que hubo un supuesto fraude generalizado que le costó la reelección. Eso ha inspirado a legiones de partidarios a convertirse en una especie de detectives electorales improvisados en todo el país, que cuestionan a los funcionarios electorales cada vez que pueden.
En el condado de Linn —en el estado de Iowa y que incluye la ciudad de Cedar Rapids— Miller dijo que él y los auditores que supervisan las elecciones en los otros 98 condados se han visto inundados con pedidos de documentos públicos y cuestionamientos de votantes.
“La avalancha se produjo en un período de dos semanas”, dijo Miller, después de la gira de Frank, quien usa proyecciones matemáticas para afirmar que una vasta conspiración le robó la elección a Trump y que está “sucediendo entre los auditores en todo el estado”.
Las oficinas electorales examinan rutinariamente sus padrones electorales y sacan a aquellos votantes que se mudaron o fallecieron. Las leyes federales restringen la presteza con la que pueden descartar esos nombres de las listas y los activistas conservadores se quejan de que los funcionarios electorales no actúan suficientemente pronto para depurarlas.
Las objeciones más recientes se derivan de activistas conservadores que comparan los cambios de dirección postal y otras bases de datos con las listas de votantes. Los funcionarios electorales dicen que eso es redundante, porque ellos ya han dado esos pasos.
A veces, las impugnaciones se producen después que los promotores de las teorías de conspiración hicieron recorridos puerta por puerta, a menudo por barrios de fuerte presencia de minorías, en busca de evidencia de que se depositaron votos ilegalmente en la elección de 2020.
El condado de Harris, en Texas, que es mayoritariamente demócrata, recibió casi 5.000 objeciones de un grupo conservador que fue puerta a puerta revisando las direcciones de los votantes. La oficina electoral del condado dice que desestimó los cuestionamientos que tuvo que examinar por ley antes de las elecciones y que finalizará el resto tras los comicios del 8 de noviembre.
Activistas en el condado de Gwinnett, que abarca los suburbios crecientemente demócratas del norte de Atlanta, pasaron 10 meses comparando los cambios de dirección y otras bases de datos con los padrones electorales del condado. El mes pasado presentaron ocho cajas con impugnaciones. Dijeron que unas 15.000 eran quejas de que en los comicios de 2020, votantes específicos recibieron inapropiadamente boletas por correo. Otras 22.000 fueron por votantes que ellos dicen ya no están en sus direcciones registradas.
Son tantas impugnaciones que los funcionarios electorales no han podido contarlos todos, pero Zach Manifold, supervisor electoral en el condado de Gwinnett, dijo que en cada caja con objeciones que examinó su oficina, se constató que los votantes sí recibieron apropiadamente las boletas por correo.
Pero si alguno de votantes cuyos nombres fueron cuestionados trata de sufragar en noviembre, la junta electoral del condado tendrá que determinar si su voto contará. Solamente tienen seis días para hacer esa determinación, pues según la ley de Georgia tienen que certificar el resultado electoral para el lunes después del día de la elección.
Manifold calcula que su oficina tiene un mes para registrar e investigar los cuestionamientos, antes de enviar las boletas por correo para las elecciones de noviembre. “Es un tiempo muy corto para hacerlo todo”, lamentó.
Muchos de los condados grandes que enfrentan este tipo de impugnaciones son lugares donde el presidente Joe Bien derrotó a Trump en 2020, incluso los condados de Gwinnett y Harris, pero los organizadores de esos esfuerzos niegan que estén centrándose en condados demócratas y aseguran estar trabajando a nombre de todos los votantes.
En el condado floridano de Nassau, por ejemplo, Trump ganó con más de 72% de los votos.
“Ellos deberían estar contentos de que se están depurando las listas de votantes para que puedan estar seguros de que sus votos cuentan”, expresó Garland Favorito, un activista conservador que colabora con promotores de las mentiras electorales de Trump y quien colabora en las impugnaciones en Georgia.
Favorito advirtió que habrá más objeciones en otros condados de Georgia.
Según una ley aprobada el año pasado en la legislatura de Georgia, de mayoría republicana, no hay límites al número de impugnaciones electorales que pueden presentarse en el estado.
La mayoría de los estados establecen implícitamente restricciones a estos cuestionamientos, dijo Morales-Doyle, del Brennan Center. Los estados requieren que una queja tenga información personal específica sobre los nombres cuestionados y establecen penalizaciones para quienes presentan querellas de manera frívola.
Florida es un ejemplo de eso. Su ley sobre objeciones a los padrones de votantes solamente permite la presentación de quejas 30 días antes de una elección, requiriendo que los funcionarios electorales contacten a cada votante cuestionado antes del día de los comicios. Es un delito presentar una querella frívola, pero los cuestionamientos a las listas de votantes registrados estuvieron cerca el mes pasado de descarrilar las primarias en el condado de Nassau.
Dos mujeres que pertenecen al grupo conservador County Citizens Defending Freedom presentaron casi 2.000 cuestionamientos en la oficina electoral del condado seis días antes de la primaria del 23 de agosto.
Afortunadamente para la oficina, las objeciones fueron presentadas con un formato incorrecto. La supervisora electoral Janet Adkins dijo a los activistas que las revisarían de todas maneras, pero después de las primarias.
“Quitarle a una persona el derecho de votar es algo grave”, manifestó Adkins.
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