Unas 579 violaciones a la libertad de expresión registró la organización no gubernamental Espacio Público en su informe sobre la Situación de la Libertad de Expresión e Información en Venezuela 2014.
“Esta cifra representa la más alta registrada en Venezuela desde, al menos, los últimos 20 años”, señala el informe difundido este martes.
Estas violaciones corresponden a 350 denuncias formuladas a lo largo del año 2014.
Según el documento el número de violaciones aumentó en 59% con respecto a 2013, cuando fueron denunciados 220, con 474 víctimas.
“El tipo de violación más recurrente fue la censura, sumando 145 violaciones de este tipo (25,04%). En segundo lugar las agresiones en 93 ocasiones (16,06%) y en tercer lugar la intimidación aplicada 88 veces (15,20%)", explica el reporte.
"Las amenazas, ataques y agresiones constituyeron los tipos de violaciones que más aumentaron con respecto al año 2013”, agrega el documento.
Tan solo en febrero de 2014, cuando iniciaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, fueron contabilizados 86 casos de violaciones al derecho a la libertad de expresión e información.
Esta cifra representa un incremento de 500% con relación a las siete de febrero de 2013.
Según el documento, los cuerpos de seguridad son los principales violadores del derecho a la libertad de expresión.
Le siguen las instituciones administrativas que, mediante sanciones y multas, presionan a los medios de comunicación y a sus periodistas.
En tercer lugar, funcionarios públicos que descalifican a los trabajadores de la prensa.
”El abandono por parte del Estado de las garantías del ejercicio del periodismo y de la protección del derecho humano a la libertad de expresión, aunado al discurso de descalificación por parte de funcionarios públicos, contribuyen a sostener un contexto polarizado y de hostilidad para el ejercicio de la comunicación que afecta al universo de la población que reside en Venezuela”, alerta el informe.
Espacio Público hizo también algunas recomendaciones para reducir las violaciones a la libertad de expresión, como garantizar la independencia de Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), organismo rector de las telecomunicaciones en Venezuela; asignar divisas para la importación de papel y otros insumos y garantizar la integridad personal de los comunicadores sociales.
