El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, denunció la investigación del regulador nacional de telecomunicaciones de Venezuela iniciada el 22 de Mayo en torno al contenido publicado en la página del periódico digital El Nacional, el diario independiente más grande del país.
De acuerdo al comunicado emitido por el CPJ, el ente regulador acusó al medio de incitar a los disturbios con su cobertura de las elecciones nacionales que tuvieron lugar el 20 de Mayo, explicando que esta información la recolectaron directamente del personal del periódico y el cubrimiento que dicha investigación generó.
El organismo que defiende la libertad de prensa, indicó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, ordenó al periódico que deje de publicar información en su sitio web que podría "trastornar la paz de los ciudadanos ... presentando información errónea o infundada", según un comunicado de prensa publicado en el sitio web de CONATEL.
De acuerdo a los documentos oficiales recibidos por El Nacional, la entidad les dio 10 días para presentar su defensa.
"Esta investigación es el último intento del gobierno venezolano de tomar medidas enérgicas contra la cobertura crítica y silenciar a los medios independientes en todo el país", dijo Natalie Southwick, investigadora asociada de CPJ para América Central y del Sur.
"Las autoridades venezolanas deberían abandonar inmediatamente la investigación de El Nacional y dejar de usar leyes represivas para hostigar y censurar a los medios de comunicación".
En su declaración, Conatel acusó al periódico de violar la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la Ley contra la Ley de Odio por la Tolerancia y la Coexistencia Pacífica.
El CPJ insistió que es una legislación represiva aprobada el año pasado en medio de temores de que se use para silenciar medios de comunicación. “El gobierno de Maduro tiene numerosas herramientas para controlar e intimidar a los medios, según la investigación del CPJ. Estos incluyen una restrictiva ley de prensa de 2004, boicots publicitarios estatales, amenazas de cancelar licencias de transmisión, un monopolio sobre la importación y distribución de papel de periódico escaso y, ahora, la legislación contra el odio”.
El Nacional, enfatizó el CPJ, “es uno de los pocos diarios independientes que quedan en el país, ha pagado un alto precio por sus continuos informes críticos. El periódico ha enfrentado una escasez de papel prensa, multas del gobierno, repetidas investigaciones y demandas, incluido un cargo por difamación y prohibición de viajar contra (Miguel) Otero (el propietario) quien continúa dirigiendo el periódico desde el exilio”.
