Un reporte del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) advirtió este miércoles de condiciones que podrían poner en peligro la libertad de prensa en Ecuador y dice que los periodistas y activistas temen que se esté gestando una “tormenta perfecta” en ese sentido.
El reporte"Ecuador en vilo: La parálisis política y el aumento del crimen plantean nuevas amenazas a la libertad de prensa" se apoya en un informe del grupo ecuatoriano de libertad de prensa Fundamedios que documentó 356 ataques a la prensa en 2022, la cifra más alta desde 2018, en un entorno cada vez más hostil.
Dice que aunque el presidente Guillermo Lasso adoptó medidas para proteger a la prensa, factores adicionales han exacerbado una situación ya volátil, y cita el legado del expresidente Rafael Correa, quien gobernó de 2007 a 2017, como la fuente que causó un daño duradero al periodismo en Ecuador.
El CPJ plantea que las acciones contra la prensa de Correa, que incluyeron presentar demandas por difamación, promulgar medidas restrictivas y denigrar a los críticos, han debilitado la capacidad de los medios de comunicación para informar.
“Somos estigmatizados y no podemos identificarnos como periodistas porque nos agreden”, dijo Cristóbal Peñafiel, presidente del Unión Nacional de Periodistas. “La prensa aún es blanco de ataques. La confrontación se ha naturalizado y somos los enemigos”, afirmó Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP).
También afirma que la pandemia de COVID-19 causó estragos financieros al sector, con pérdidas de empleos y el colapso de varios medios impresos que tuvieron que pasar a formato digital.
Por otro lado, la violencia criminal que se disparó en 2022 ha convertido a Ecuador en un “un foco creciente de crimen organizado”, con grupos insurgentes y criminales colombianos, además de los carteles mexicanos, y traficantes albaneses que mueven toneladas de cocaína hacia Europa.
En ese contexto, los periodistas han tenido que tomar medidas de seguridad para informar sobre el crimen organizado. Algunos periodistas han recibido amenazas directas para retirar sus historias de sitios web y ya no firman sus historias para protegerse.
Otros periodistas que cubren el tema no han tenido tanta suerte, dice el reporte. En agosto de 2022, Gerardo Delgado Olmedo, quien cubría noticias sobre crimen en una página de Facebook llamado Ola Manta TV, fue asesinado a tiros por dos hombres armados mientras esperaba en su automóvil en un semáforo en las afueras de la ciudad de Manta, en la costa del Pacífico.
También el año pasado, los periodistas Mike Cabrera y César Vivanco fueron asesinados, y Fernando León desapareció, según Fundamedios. Nadie ha sido arrestado por las muertes de Cabrera y Vivanco.
El CPJ explica que no ha podido confirmar si los tres asesinatos están relacionados con el trabajo de los periodistas, pero las muertes inevitablemente han tenido un efecto inhibidor en sus colegas.
El reporte señala que el aumento de la criminalidad ha tenido un impacto directo en la prensa, con periodistas recurriendo a la autocensura por temor a retribuciones físicas, comunidades enteras en todo Ecuador se están quedando cada vez más sin información sobre los temas centrales que afectan sus vidas diarias, aseguraron periodistas locales y activistas entrevistados por el CPJ.
Un informe de investigación publicado en mayo por la Fundación Periodistas sin Cadenas afirma que el país está enfrentando uno de los peores períodos en la historia de la libertad de prensa.
La organización describe una situación en la que “los silenciamientos y la autocensura se han incrementado ante el aumento acelerado de la violencia generalizada.” La investigación periodística en el país “-ya escasa históricamente- se está convirtiendo en una constante”.
El reporte del CPJ hace también recomendaciones al Poder Ejecutivo y a las autoridades judiciales y policiales de Ecuador, y llama a priorizar el debate y recibir el apoyo correspondiente de la UNESCO, la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea.
También exhorta a la comunidad internacional a apoyar públicamente el trabajo de los periodistas ecuatorianos que trabajan bajo amenaza y pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que hagan una visita de investigación a Ecuador.
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