Después de 17 años, Colombia logró que la Corte Penal Internacional (CPI) cerrara el examen preliminar en el que evaluaba si su sistema judicial era capaz por sí solo de investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el fiscal de la CPI, Karim A. A. Khan QC, y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo de cooperación en el que se especifica que esta decisión se podrá “reconsiderar” si hay cambios significativos como una “suspensión o revisión del esquema judicial establecido en el acuerdo de paz”.
Ésta sería una forma de blindar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, dijo a The Associated Press el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, tribunal que se encarga de juzgar los crímenes cometidos en conflicto armado y en el que comparecen actualmente más de 13.200 excombatientes de las FARC, miembros de la fuerza pública, agentes del Estado y civiles.
“El fiscal (de la CPI) reafirma mucho más esto cuando señala en su actuar que ese estatus constitucional tiene que mantenerse como una condición que, de no cumplirse, obligaría a la CPI a intervenir”, indicó Cifuentes.
![Firma del Acuerdo de Cooperación entre la CPI y el Gobierno de Colombia. [Foto: cortesía de la Presidencia de Colombia].](https://gdb.voanews.com/235101b9-94d0-4676-a3cd-3fe29a7f11cb_w100_r1.jpg)
Sin embargo, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), indicó el jueves en Twitter que el cierre del examen preliminar a Colombia es “contraproducente” porque ahora la JEP puede “quedar más expuesta ante ataques contra su independencia”.
La CPI tenía tres opciones con respecto a la situación de Colombia: continuar con el examen preliminar que llevaba desde 2004, cerrarlo o abrir una investigación formal. El fiscal Khan advirtió el jueves en una declaración a la prensa que, de acuerdo con el Estatuto de Roma que entró en vigencia en Colombia en 2002, abriría una investigación si las circunstancias cambian radicalmente e instó a apoyar a la JEP y a garantizar su funcionamiento.
La JEP ha gozado de un amplio respaldo internacional, pero ha generado divisiones a nivel interno en Colombia. Un sector político del país en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, líder del partido Centro Democrático y padrino político del actual presidente Iván Duque, ha propuesto incluso eliminarla al considerar que dará “impunidad” a los exmiembros de las FARC que cometieron delitos como secuestro o reclutamiento de menores y que al tiempo que comparecen en la JEP tienen un puesto en el Congreso.
“Como siempre el Centro Democrático propone presentar un proyecto de reforma constitucional para crear dentro de la JEP unas salas para (juzgar exclusivamente) militares... esa es una forma de interferir con la justicia”, indicó Cifuentes.
Colombia está próxima a entrar en etapa electoral en la que se elegirá nuevo presidente de la República y en la que jugará un rol relevante el apoyo o las críticas a la implementación del acuerdo de paz. Cifuentes, sin embargo, cree que “los jueces estamos inmunizados del juego político” y que prevalecerá el cumplimiento de las leyes para proteger el trabajo del tribunal de paz.
Cifuentes añadió que la JEP está “muy próxima” a proferir una sentencia en los casos “más complejos”. Hasta el momento, el tribunal ha imputado delitos de lesa humanidad a la cúpula de las extintas FARC por el secuestro de más de 21.300 colombianos y ha imputado a más de 20 militares en el caso de “falsos positivos”, como se conocen las ejecuciones extrajudiciales de civiles que hacían pasar por guerrilleros vencidos en combate para dar resultados operacionales dentro del Ejército y que la JEP contabiliza en 6.402 víctimas.
“Como ocurrió en el caso de las imputaciones a la cúpula de las FARC no tuvieron alternativa distinta que aceptar las imputaciones y por consiguiente se abre la vía de una sentencia muy pronta. Lo propio que puede estar ocurriendo también con imputaciones a militares y exmilitares”, explicó Cifuentes.
La sanción debe ser consultada con las víctimas y puede incluir restricciones efectivas de la libertad sin cárcel. Sin embargo, los comparecientes que no reconozcan la verdad o lo hicieran de manera tardía, podrían pagar hasta 20 años de cárcel.
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