En una votación dividida, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos autorizó el lunes a la administración Trump establecer nuevas reglas que podrían poner en peligro el estatus de residente permanente para los inmigrantes que usen cupones de alimentos, Medicaid y vales de vivienda.
Según la nueva política, los funcionarios de inmigración pueden denegar la tarjeta verde ('green card') a los inmigrantes legales que recurran a ayudas públicas.
La orden de los jueces se emitió por un voto de 5-4 y revertió un fallo del 2 ° Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos en Nueva York que había mantenido una suspensión a nivel nacional de la política luego de demandas en su contra.
Los cuatro jueces liberales de la corte, Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, votaron para evitar que la política entre en vigencia.
Los tribunales federales de apelaciones en San Francisco y Richmond, Virginia, habían revocado previamente fallos judiciales contra las reglas. Una orden judicial en Illinois sigue vigente pero se aplica solo a ese estado.
Las demandas continuarán, pero los inmigrantes que soliciten la residencia permanente ahora deben demostrar que no serían una carga para el país.
La nueva política amplía significativamente los factores que se considerarían para tomar esa determinación, y si se decide que los inmigrantes podrían convertirse en una carga pública más adelante, esa residencia legal podría ser denegada.
Según las viejas reglas, las personas que usaban beneficios no monetarios, incluidos cupones de alimentos y Medicaid, no se consideraban cargas públicas.
"La regla de la carga pública es el último ataque en la guerra de la administración Trump contra los inmigrantes", dijo Stephen Yale-Loehr, experto en inmigración de la facultad de derecho de la Universidad de Cornell.
“A las personas de la clase trabajadora les resulta más difícil emigrar o quedarse en los Estados Unidos. Esta regla es otro ladrillo en el muro invisible que esta administración está construyendo para frenar la inmigración legal”, agregó.
Aproximadamente 544,000 personas solicitan tarjetas verdes anualmente, de las cuales, según el gobierno, 382,000 se encuentran en una situación que haría necesaria la revisión de sus casos.
Los inmigrantes representan una pequeña porción de aquellos que reciben beneficios públicos, ya que muchos no son elegibles para recibirlos debido a su estado migratorio.
En una opinión separada, el juez Neil Gorsuch instó a sus colegas a enfrentar el "problema real" de los llamados mandamientos judiciales a nivel nacional, órdenes emitidas por un solo juez que se aplican en todo el país.
Por este motivo, a pesar de que la administración ganó fallos en dos tribunales de apelación que abarcan 14 estados, su política no pudo entrar en vigencia.
"¿De qué podemos estar orgullosos en este juego y caos?", escribió Gorsuch en una opinión compartida con el juez Clarence Thomas.
El subsecretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, elogió la orden del tribunal superior.
"Está muy claro que la Corte Suprema de los Estados Unidos está harta de estos mandatos nacionales por parte de jueces que intentan imponer sus preferencias políticas en lugar de hacer cumplir la ley", dijo Cuccinelli en una rueda de prensa telefónica celebrada el lunes.
