El debate político sobre la ley, denominada Affordable Care Act (ACA) pero conocida despectivamente como Obamacare, ratificada ayer por la Corte Suprema, se ha reavivado y probablemente se extienda hasta las elecciones de noviembre.
Tras detallar todos los beneficios de la ley, incluido el que las aseguradoras deberán devolver el dinero no usado en exámenes médicos a cerca de 13 millones de personas, el presidente reconoció en su alocución que la ley "Ha generado un debate político divisivo" y que él "respeta las preocupaciones" pero puntualizó que el fallo, implícitamente, reivindicaba sus intenciones:
"Yo no lo hice por razones políticas sino porque era bueno para el país. Es hora de de mirar hacia adelante, no de volver a batallar sobre el mismo tema", dijo.
Pero batallar sobre el mismo tema es lo que pretenden los republicanos.
Las dos disposiciones claves de la reforma sanitaria -y también las más controvertidas- se refieren al llamado "mandato individual", que obliga a las personas a tener seguro médico o ser multados, y la segunda trata sobre la ampliación de cobertura del Medicaid a más personas de bajos recursos.
La ley promete seguro médico asequible para millones de personas de clase media y hasta allí todo marcha bien. El problema surge cuando se establece que el gobierno subsidiará la cobertura con un billón de dólares a lo largo de la próxima década, dinero que supuestamente saldrá de recortar gastos y de nuevos impuestos, tasas y multas.
Aquí es donde saltan Mitt Romney y los republicanos. El candidato presidencial se adelantó a afirmar que la ley, “sube los impuestos a los estadounidense, corta el medicare y suma billones a nuestro déficit y a nuestra deuda pública”.
El senador republicano Marco Rubio añadió que "la Corte Suprema creó un problema de impuestos para los Estados Unidos".
Y es que como está la ley, gran parte de esa “factura” de un billón la pagarán las personas acaudaladas mediante un incremento en sus impuestos, pero también recaerá sobre las empresas que proveen planes médicos de lujo a sus empleados a las que se aplicará el impuesto denominado “Cadillac tax”. En ambos casos se habla de la clientela republicana.
Otra parte del plan se financiará con lo recaudado de imponer multas a quienes se nieguen a contratar una póliza de seguro (el polémico “mandato individual”). Aunque la ley contempla excepciones para personas de bajo nivel económico, que quedarían exentas de penalización.
Las multas se irán incrementando a partir del 2014 y hasta el 2016. Para una persona soltera empezarían en $95, luego $325 y por último $625. Para una familia las cifras serán de $285, subiría después a $975 y para el año 2016 se elevaría a $2,085.
Otro capítulo de financiación de la Reforma Sanitaria provendrá de impuestos adicionales de 0.9% a las contribuciones al Medicare a las personas cuyos ingresos superen $200,000 anuales ($250,000 por matrimonio). Los cargos entrarán en vigor a partir de 2013.
Y comenzando en el año 2018 se implantará el "Cadillac tax" sobre los seguros médicos provistos por las empresas a sus empleados cuando sean de más de $10,200 para planes individuales y $27,500 para planes familiares. La idea es que el "Cadillac tax" sirva para desincentivar a las empresas a gastar en planes caros de salud y que usen ese dinero en aumentar los salarios o contratar a más personas.
Hay otras cláusulas que sí gozan del apoyo de la mayoría de los ciudadanos, como la que garantiza que a nadie se le niegue seguro por padecer una enfermedad previa (pre-existing condition), o la que permite que los jóvenes permanezcan en la póliza médica de sus padres hasta que cumplan 26 años. De esta última ya se han beneficiado más de 3 millones de jóvenes.
Esa es la única parte que Romney promete dejar afuera de la ley y de la frase inicial de su discurso ayer: "Lo que la Corte Suprema no ha hecho yo lo haré en mi primer día como presidente, derogaré y reemplazaré Obamacare", dijo el candidato.
"El tribunal no ha dicho que la ley sea buena –agregó. Era mala ayer y es mala hoy. Para reemplazarla tenemos que reemplazar a Obama. Esa es mi misión".
Y si así es, tenemos debate para rato.
Tras detallar todos los beneficios de la ley, incluido el que las aseguradoras deberán devolver el dinero no usado en exámenes médicos a cerca de 13 millones de personas, el presidente reconoció en su alocución que la ley "Ha generado un debate político divisivo" y que él "respeta las preocupaciones" pero puntualizó que el fallo, implícitamente, reivindicaba sus intenciones:
"Yo no lo hice por razones políticas sino porque era bueno para el país. Es hora de de mirar hacia adelante, no de volver a batallar sobre el mismo tema", dijo.
Pero batallar sobre el mismo tema es lo que pretenden los republicanos.
Las dos disposiciones claves de la reforma sanitaria -y también las más controvertidas- se refieren al llamado "mandato individual", que obliga a las personas a tener seguro médico o ser multados, y la segunda trata sobre la ampliación de cobertura del Medicaid a más personas de bajos recursos.
La ley promete seguro médico asequible para millones de personas de clase media y hasta allí todo marcha bien. El problema surge cuando se establece que el gobierno subsidiará la cobertura con un billón de dólares a lo largo de la próxima década, dinero que supuestamente saldrá de recortar gastos y de nuevos impuestos, tasas y multas.
Aquí es donde saltan Mitt Romney y los republicanos. El candidato presidencial se adelantó a afirmar que la ley, “sube los impuestos a los estadounidense, corta el medicare y suma billones a nuestro déficit y a nuestra deuda pública”.
El senador republicano Marco Rubio añadió que "la Corte Suprema creó un problema de impuestos para los Estados Unidos".
Y es que como está la ley, gran parte de esa “factura” de un billón la pagarán las personas acaudaladas mediante un incremento en sus impuestos, pero también recaerá sobre las empresas que proveen planes médicos de lujo a sus empleados a las que se aplicará el impuesto denominado “Cadillac tax”. En ambos casos se habla de la clientela republicana.
Otra parte del plan se financiará con lo recaudado de imponer multas a quienes se nieguen a contratar una póliza de seguro (el polémico “mandato individual”). Aunque la ley contempla excepciones para personas de bajo nivel económico, que quedarían exentas de penalización.
Las multas se irán incrementando a partir del 2014 y hasta el 2016. Para una persona soltera empezarían en $95, luego $325 y por último $625. Para una familia las cifras serán de $285, subiría después a $975 y para el año 2016 se elevaría a $2,085.
Otro capítulo de financiación de la Reforma Sanitaria provendrá de impuestos adicionales de 0.9% a las contribuciones al Medicare a las personas cuyos ingresos superen $200,000 anuales ($250,000 por matrimonio). Los cargos entrarán en vigor a partir de 2013.
Y comenzando en el año 2018 se implantará el "Cadillac tax" sobre los seguros médicos provistos por las empresas a sus empleados cuando sean de más de $10,200 para planes individuales y $27,500 para planes familiares. La idea es que el "Cadillac tax" sirva para desincentivar a las empresas a gastar en planes caros de salud y que usen ese dinero en aumentar los salarios o contratar a más personas.
Hay otras cláusulas que sí gozan del apoyo de la mayoría de los ciudadanos, como la que garantiza que a nadie se le niegue seguro por padecer una enfermedad previa (pre-existing condition), o la que permite que los jóvenes permanezcan en la póliza médica de sus padres hasta que cumplan 26 años. De esta última ya se han beneficiado más de 3 millones de jóvenes.
Esa es la única parte que Romney promete dejar afuera de la ley y de la frase inicial de su discurso ayer: "Lo que la Corte Suprema no ha hecho yo lo haré en mi primer día como presidente, derogaré y reemplazaré Obamacare", dijo el candidato.
"El tribunal no ha dicho que la ley sea buena –agregó. Era mala ayer y es mala hoy. Para reemplazarla tenemos que reemplazar a Obama. Esa es mi misión".
Y si así es, tenemos debate para rato.
