La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) escuchó este miércoles a familiares de los 45 detenidos en Nicaragua, considerados por organismos de la comunidad internacional como “presos políticos” y sobre los que este tribunal regional ha emitido sentencias ordenando su liberación.
Los allegados del periodista y ex aspirante presidencial Miguel Mora, del empresario y ex candidato presidencial, Juan Sebastián Chamorro, así como de la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto y del activista Eliseo Castro -entre otros condenados en juicios sumarios sin derecho a defensa- expusieron ante los jueces de la Corte la “precaria” situación de los detenidos.
La sobrina de Juan Sebastián Chamorro, Margarita Urtado, explicó que desconocen el paradero de su tío desde hace 75 días, al no tener información sobre él en la cárcel donde estuvo detenido ni noticias oficiales sobre si ha sido trasladado.
“Otra vez como cuando fue capturado, ha sido desaparecido, en 75 días no sabemos nada de su paradero”, dijo ante los jueces en la audiencia realizada en San José, Costa Rica, donde ella también reside como exiliada.
La historia es similar en el caso del periodista Miguel Mora, cuyo cuadro de salud se ha agravado por diabetes crónica y "ha sido sometido a tratos crueles e inhumanos", explicó su hermana Karla Mendoza, quien recordó a los jueces que el gobierno de Nicaragua no ha cumplido las sentencias emitidas por ese tribunal.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos que asistieron la audiencia calcularon en unos 200 el número de presos detenidos y procesados en el marco de las leyes creadas por el gobierno de Daniel Ortega para reprimir opositores, desde que se agudizó la crisis política en 2018.
La Corte IDH ha emitido varias sentencias con medidas provisionales para 45 detenidos, entre estos periodistas, defensores de derechos humanos y empresarios, la mayoría capturados a mediados del año pasado, acusados por el gobierno de Daniel Ortega de diferentes cargos como “conspiración”, terrorismo” y “traición a la patria”.
Las capturas de posibles candidatos a la presidencia de Nicaragua y activistas opositores se dieron en la antesala de la campaña electoral y que allanó el camino a Daniel Ortega para correr en solitario a su reelección, la que Estados Unidos y la Unión Europea desconocieron por carecer de legitimidad.
El juez presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez, dijo que el asunto es de “mucha importancia” para ese tribunal regional y que “ha manifestado su preocupación por este tema” en discusiones de alto nivel regional como en la recién celebrada Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Lima, Perú.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participó en esa audiencia con la presentación de la comisionada Esmeralda Arosemena, quien dijo que el gobierno de Nicaragua sigue sin cumplir las sentencias de ese tribunal, a lo que está obligado como firmante de la Carta Interamericana.
“En el asunto de las 45 personas privadas de libertad, la corte requirió al Estado cumplir las ordenes inmediatas, y facilitar el contacto periódico con sus familiares, sus hijos, abogados (…) la Comisión observa que ninguna de las ordenes emitidas por la Corte IDH se ha cumplido a la fecha”, apuntó.
Los defensores de la causa también explicaron a los jueces sobre la situación de los detenidos, que se explica desde el control total del aparato de Estado y las instancias de justicia por parte del gobierno de Daniel Ortega con el poder judicial cooptado.
Como ya es habitual, el gobierno de Nicaragua declinó participar en esta audiencia de la Corte IDH. Sobre las detenciones Daniel Ortega, ha afirmado en el pasado que Estados Unidos está apoyando a sus oponentes políticos en un intento por sacarlo del poder.
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