Una audiencia en una corte federal al sur de Texas podría abrir las puertas a un proyecto que, aseguran grupos ambientalistas y dueños de tierras, podría provocar inundaciones y destruir sus propiedades.
Un juez federal en la ciudad de McAllen, Texas, limítrofe con México, decidirá el jueves 9 de enero acerca de levantar o no la orden de restricción temporal en contra del proyecto para construir un muro fronterizo con fondos privados a las orillas del Río Bravo.
Tommy Fisher es el fundador de Fisher Industries y su compañía podría recibir luz verde para construir el muro fronterizo que ha solicitado el presidente Donald Trump y con mejor calidad de lo que haría el gobierno. Por lo tanto, podría ser el beneficiado de esta decisión judicial.
Su empresa ya ganó una licitación de 400 millones de dólares para levantar una sección del muro fronterizo en Arizona y quiere instalar 4,8 kilómetros de postes de acero de unos 10 metros de altura desde la orilla estadounidense del río. Los postes serían colocados en tierras privadas y con un camino de concreto detrás de ellos para facilitar las labores de vigilancia.
Con la Ley de Cerco Seguro de 2006, Estados Unidos ha evitado en la medida de lo posible las construcciones aledañas al Río Bravo.
El serpenteante río, que separa Estados Unidos de México, es fundamental para la vida silvestre de Texas y proporciona agua a ambas naciones por medio de una serie de presas y canales, definidos en los términos de los tratados internacionales. A fin de no violar dichas obligaciones causando erosión o redirigiendo el agua del río, Estados Unidos ha construido la mayor parte de su muro fronterizo en el sur de Texas a, por lo menos, kilómetro y medio de la cuenca del río.
Estados Unidos ya interpuso una demanda para frenar el proyecto de Fisher, lo que derivó en la orden de restricción del juez federal Randy Crane. Otro de los opositores al proyecto es el Centro Nacional de Mariposas, un grupo sin fines de lucro ubicado a poca distancia de las tierras privadas.
Después de escuchar testimonios la semana pasada, Crane escuchará a más testigos el jueves. En caso de que se decida levantar la orden de restricción, Fisher asegura que sus cuadrillas podrían comenzar a trabajar el domingo y finalizar en cuestión de ocho días.
El proyecto fue anunciado originalmente por We Build the Wall, un grupo sin fines de lucro con sede en Florida y creado en 2018, cuando Trump exigió 5.000 millones de dólares al Congreso para la construcción del muro. La negativa de los legisladores demócratas derivó en el cierre del gobierno más prolongado en la historia del país.
El grupo dijo a sus simpatizantes que construiría los nuevos cercos por su cuenta, We Build the Wall inició una campaña de recolección de fondos por internet y ya cuenta con 26 millones de dólares.
El fundador del grupo, Brian Kolfage, ha promovido el proyecto del sur de Texas en redes sociales, instando a los donantes a aportar más fondos y atacando a los detractores, incluso con acusaciones sin fundamentos de que grupos como el Centro Nacional de Mariposas están a favor del tráfico de personas.
Pero en su lugar, el proyecto se ha convertido en una posible vitrina para Fisher, que ha promovido su compañía en varios medios de comunicación conservadores. El empresario dijo el miércoles que está preparado para invertir, al menos 40 millones de dólares en la construcción del muro privado. We Build the Wall solo ha contribuido con 1,5 millones de dólares. Durante una audiencia realizada el año pasado, el abogado general del grupo y exsecretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, dijo que principalmente aporta “apoyo en redes sociales”.
Fisher argumenta que el gobierno está siendo extremadamente cauteloso al construir el cercado tan lejos del río. Su equipo planea nivelar la cuenca y desmontar la propiedad, lo que asegura mejorará el flujo de agua y disminuirá la erosión.
“Les hemos demostrado que podemos construirlo aquí, donde lo necesitan los agentes”, apuntó Fisher. “No es seguridad fronteriza si estás a una, dos o tres millas de la frontera”, agregó.
Sus detractores no están de acuerdo. Desestimaron un estudio realizado por Fisher Industries que asegura que el agua fluiría sin problemas a través de los espacios de 12 centímetros que separan cada poste fronterizo. También les preocupa que los postes de acero de 5,5 metros puedan desprenderse durante una tormenta y ser llevados río abajo hacia las comunidades en Estados Unidos y México.
“No pueden hacer suposiciones que van en contra de toda la evidencia del mundo real sin presentar evidencia propia. Una afirmación no es suficiente”, dijo Scott Nico, residente del Valle del Río Grande y copresidente del equipo de tierras fronterizas para el Sierra Club.
El gobierno federal demandó a Fisher Industries y a We Build the Wall a nombre de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que supervisa la gestión del río. Una portavoz del panel dijo el miércoles que sus ingenieros continúan revisando el estudio de Fisher.
Javier Peña, abogado del Centro Nacional de Mariposas, argumentó que un fallo a favor del muro privado tendrá consecuencias a gran escala.
“Esto establecería un precedente de que los ciudadanos privados pueden violar un tratado con México. Que las personas pueden comenzar a construir lo que quieran en la llanura aluvial”, agregó.
