Una corte de apelaciones de Guatemala revocó el martes el arresto domiciliario concedido recientemente al periodista José Rubén Zamora, reconocido por sus denuncias contra la corrupción y quien lleva casi dos años en prisión por lavado de dinero.
La Fiscalía Especial Contra la Corrupción guatemalteca apeló la decisión de mayo pasado de un tribunal de otorgarle arresto domiciliario para que pudiera ser excarcelado.
Esa medida sustitutiva revocaba una de las dos órdenes de prisión en contra del periodista por dos casos distintos que la fiscalía lleva contra el comunicador, y por los que nunca dejó la cárcel.
Zamora, de 67 años, está preso desde julio de 2022 cuando fue acusado por el Ministerio Público por lavado de dinero, por un monto de unos 38.000 dólares, y en junio del año pasado fue sentenciado a seis años de prisión. La condena también quedó en suspenso por decisión judicial por errores en el proceso.
El periodista ha negado las acusaciones y ha cuestionado que en el juicio no se le permitiera aportar pruebas a su favor para aclarar el origen del dinero.
En su fallo, los magistrados de la corte de apelaciones argumentan que la defensa de Zamora no presentó medios que demostraran que habían variado las circunstancias que motivaron la orden de prisión inicial.
Cuando el juez de la causa ordenó su prisión hace dos años dijo que lo hacía porque Zamora tenía un medio de comunicación que podía usar para obstruir la investigación. El diario El Periódico, del que el periodista era fundador, desapareció hace un año.
La sala de apelaciones también usó como argumento una formalidad procesal —por falta de información precisa— al cuestionar que en el audio grabado durante la audiencia donde le fue concedido el arresto domiciliar “no se escucha que la defensa, así como ninguno de los sujetos procesales... indiquen qué juzgado fue el que dictó el auto de prisión preventiva y la fecha del mismo”.
En consecuencia, ordenó al tribunal que dictó la medida a favor de Zamora que realice algunas diligencias para luego volver a tomar una decisión respecto de la solicitud de arresto domiciliar en lugar de cárcel.
“Lo que hizo la Sala es puro hostigamiento, es una guerra psicológica de la fiscalía y de los querellantes contra mi papá; demuestran su desesperación por continuar dilatando el proceso de forma maliciosa”, dijo José Zamora Marroquín, hijo del periodista.
Zamora Marroquín explicó que la resolución no hace nada más que ordenarle al tribunal realizar algunos formalismos adicionales. “Sabemos que más temprano que tarde a mi papá lo van a declarar inocente y dejar en libertad”, defendió.
“Lo que más extraña es que en casos de gran corrupción la fiscalía no apela las decisiones a favor de los corruptos, pero cuando se trata de criminalizar a operadores de justicia o periodistas allí sí apela todo”, cuestionó el hijo del comunicador.
Varias organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), la Sociedad Interamericana de Prensa y otros han levantado su voz en favor del periodista y denunciado que hay una criminalización en su contra por investigar hechos de corrupción.
Zamora era presidente del diario guatemalteco El Periódico, un matutino especializado en denuncias anticorrupción que desapareció luego de su detención.
El periodista considera que las publicaciones de ese medio sobre casos de corrupción en la justicia y durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei motivaron la persecución de la fiscalía en su contra. La fiscal general, Consuelo Porras, que está sancionada en Estados Unidos por socavar la democracia y la lucha anticorrupción, fue nombrada por Giammattei.
Zamora reconoció en una entrevista reciente a la AP desde su celda que sus condiciones penitenciarias habían mejorado después de que el presidente Bernardo Arévalo asumió el poder en enero pasado.
El mandatario mantiene un enfrentamiento con la fiscal Porras, a quien le ha pedido la renuncia, desde que en periodo electoral la titular del Ministerio Público iniciara una arremetida judicial contra el partido del entonces candidato, contra el propio Arévalo y contra el proceso electoral para que fuera anulado.
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