Una corte federal en Estados Unidos falló en contra de Venezuela, permitiéndole a una minera canadiense iniciar el proceso legal para vender parte de los activos de CITGO, la refinería estadounidense filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La minera en quiebra Crystallex ganó un pleito de 1.200 millones de dólares contra Venezuela en compensación por la expropiación de sus activos en ese país durante el gobierno de Hugo Chávez. Para satisfacer la deuda, la compañía llevó su caso ante los tribunales estadounidenses, quienes tanto en primera instancia como en apelación fallaron a su favor, autorizándole a quedarse con parte de los activos de CITGO y subastarlos.
La decisión que la corte de apelaciones del tercer distrito emitió el lunes quitó el freno que una corte distrital había puesto a la venta de las acciones, a petición de PDVSA, en noviembre de el año pasado.
![Un fallo en el 2018 determinó que PDVSA funcionaba como un “alter ego del gobierno de Venezuela” y, por extensión, Crystallex podía anexarse los activos de su subsidiaria en EE.UU. (CITGO) para satisfacer la deuda. [Foto: Alejandra Arredondo]](https://gdb.voanews.com/aaa57746-90f5-4a10-9a1b-b361192df3cd_cx0_cy8_cw0_w100_r1.jpg)
Ahora, con el espaldarazo a Crystallex, la corte distrital de Delaware tendrá que decidir cómo utilizar exactamente las acciones de CITGO para obtener los más de mil millones de dólares que demanda la empresa minera extinta, según explicó a la Voz de América Russ Dallen, abogado y socio de la firma de inversores Caracas Capital.
Este proceso no será fácil, ya que Crystallex —controlada ahora por la firma de gestión de capital Tenor Capital Management— no es la única que tiene las manos puestas sobre CITGO; la mayoría (50.1%) de los activos de CITGO (50.1%) están comprometidos como colateral del bono de deuda pública PDVSA 2020 y el resto (49,15) a la estatal petrolera rusa, Rosneft. Y tanto Rosneft como las firmas tenedoras de los bonos han pedido ya intervenir en el juicio en Delaware.
El gobierno interino de Juan Guaidó ha marcado como prioridad la protección de los activos de Venezuela en el exterior, en especial CITGO. Además de intervenir en las múltiples demandas, como la de Crystallex, que Venezuela tiene en EE.UU., los representantes de Guaidó han pedido repetidamente al gobierno del presidente Donald Trump que proteja a CITGO por medio de una orden ejecutiva. La petición ha sido criticada por grupos conservadores, quienes piden a Trump no intervenir en la deuda venezolana porque lo consideran un golpe a la propiedad privada.
Sin embargo, una intervención por parte del presidente no se vislumbra por el camino, el cual se estrecha cada vez más. A finales de este mes (el 27 de octubre) vence un pago de 913 millones de dólares al bono PDVSA 2020. El gobierno interino de Guaidó, el cual tomó control de CITGO, canceló en abril de este año —con la aprobación de la OFAC—la cuota anterior (71 millones de dólares) con parte de los fondos de Venezuela congelados en EE.UU.
De no darse el pago, los bonistas podrían ejercer como colateral la mitad de los activos de CITGO, a pesar de las sanciones que EE.UU. ha impuesto a Venezuela, según confirmó a la VOA la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de EE.UU. Crytallex, por su parte, tendría que pedir a la OFAC una licencia para poder subastar o vender los activos de CITGO que le correspondan.
Al volver retomarse el caso en primera instancia, tanto los representantes de Guaidó como todas las partes implicadas pueden volver a presentar argumentos ante el juez. Sin embargo, según Dallen, es poco probable que el juez distrital vuelva a fallar después de que la decisión haya sido afirmada en la corte de apelaciones.
El próximo recurso legal que les queda a los abogados de Guaidó en este caso es obtener una audiencia en banc, un recurso legal que contemplan el derecho estadounidense en donde todos los jueces de una corte escuchan el caso. Si esa audiencia vuelve a fallar en contra de Venezuela y deciden apelar tendría que ser ante la Corte Suprema.
Los representantes del gobierno interino presentaron ya la semana pasada su petición por una segunda audiencia. “Si se le permite avanzar, la subasta del bien accesorio [los activos de Crystallex] presenta un desafío directo a la política exterior de Estados Unidos”, escribieron los abogados del gobierno interino de Venezuela en el documento presentado ante la corte.
