El Congreso de Colombia aprobó en último debate el acuerdo regional de Escazú, desarrollado por 24 países de América Latina y el Caribe, que busca proteger el medio ambiente y a sus defensores, y facilitar el acceso a la información pública sobre el tema.
“Ha sido aprobado como ley el Tratado Internacional de Escazú, que busca proteger el medioambiente y a los ambientalistas. Felicitaciones al Congreso y a la sociedad colombiana”, dijo el presidente Gustavo Petro, el lunes en la noche.
El hecho se da tras casi tres años de tránsito en el Legislativo y con el impulso renovado que le dieron las mayorías gobiernistas del mandatario.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes con 119 votos a favor y uno en contra en la noche del lunes. Para ser ratificado, resta que el Senado y la Cámara hagan una conciliación para unir los dos textos que fueron aprobados en discusiones independientes. Luego, el presidente Petro lo podrá firmar para convertirlo en ley y la Corte Constitucional lo revisará como último recurso.
¿En qué consiste el acuerdo?
El “Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe” fue adoptado por 22 países de la región en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
Según el acuerdo, se busca mejorar “el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”.
Su propósito es “garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados”, según cita la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Solo ha sido ratificado por 13 de los 24 países que lo desarrollaron. Colombia, en caso de ser ratificado, se convertiría en el decimocuarto y se uniría a otros países como Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay, que ya lo han aprobado.
Según el informe de la organización internacional Global Witness, Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales, después de México. En 2021 fueron asesinados al menos 33 líderes.
La aprobación en Colombia del acuerdo, originado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), recibió asimismo el beneplácito de Juliette de Rivero, la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos humanos, quien en Twitter recordó que su aprobación fue una de las recientes recomendaciones dadas a Colombia para la protección de las personas defensoras del ambiente y la institucionalidad ambiental.
El convenio también ha tenido fuertes críticos, especialmente del Centro Democrático, que hasta hace unos meses era el partido de gobierno del entonces presidente Iván Duque (2018-2022). Durante la votación en último debate la oposición se retiró en un acto de protesta.
El gobierno de Petro, el primero de izquierda en el país, se propone metas a corto plazo para iniciar la implementación del acuerdo de Escazú como poner en marcha una estrategia de acompañamiento a defensores ambientales y fortalecer las veedurías ciudadanas.
[Con información de AP]
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