Tras 27 días de un paro indefinido convocado por el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo en el Departamento de Santa Cruz, no se ha logrado llegar a un consenso con el gobierno de Bolivia, que insiste en otra fecha para el censo.
Los manifestantes piden el censo para 2023, pero el presidente Luis Arce ya emitió un decreto para oficializar el 23 de marzo de 2024 como la fecha de empadronamiento y la distribución de recursos para septiembre de ese mismo año.
Los líderes cívicos de esa región expresaron su desconfianza y ahora gestionan, a través de sus legisladores, una ley que garantice el proceso de censo.
Vicente Cuéllar, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, pidió que se evite la burocracia y se dé viabilidad al pedido, porque ya se analiza el costo-beneficio de la medida.
“Yo quiero pedirle al señor Presidente, al presidente de la Cámara de Diputados, que se viabilice este proyecto, que se trate de carácter excepcional, porque el pueblo necesita una respuesta urgente”, dijo Cuéllar.
El conflicto de varias semanas ha dejado pérdidas económicas millonarias, que según un cálculo del diario La Razón llegarían a los 1.000 millones de dólares.
Pero al margen de este dato, analistas como el politólogo Rolando Tellería también observan cómo se ha profundizado el nivel de polarización y la fuerza que se está concentrando en Santa Cruz como bastión opositor al gobierno central.
“Ahora la polarización es de tipo regional y la verdad es que los actores no han sido muy inteligentes, por ejemplo el Gobierno, en el manejo de este conflicto, pero el país se dio cuenta de esa magnitud que tiene Santa Cruz en la economía nacional”.
El presidente Arce ha denunciado en varias oportunidades intentos de desestabilización a su gestión durante el paro, pero también ha sufrido la arremetida de integrantes de su partido Movimiento Al Socialismo (MAS), que hoy muestra una clara fragmentación.
“Nuestro presidente ha sido quien ha dividido a nuestra bancada, junto al vicepresidente (…). Arce que termine su gestión y tiene la libertad de irse y hacer su partido con cualquier otro, no le vamos a prohibir ni cuestionar, pero por ahora debe responder por el MAS porque es presidente gracias al instrumento”, dijo Gerardo García, vicepresidente del MAS.
La misión en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió investigar las vulneraciones en el conflicto por el censo en Santa Cruz donde se registraron, además de cuatro muertes, ataques a instituciones y sedes de organizaciones sociales, y daños a la integridad física, varias de estas denuncias en relación a la prensa.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
