Los dirigentes sindicales Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueron recientemente condenados a 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir. El abogado Eduardo Torres calificó el fallo como una persecución política: “vamos a apelar a esa sentencia. Mi llamado de reflexión es a los trabajadores, al pueblo venezolano a que hoy más que nunca deben movilizarse por la defensa de los derechos”, expresó.

La esposa de Alcides Bracho, Yorbelis Oropeza, narró sobre el impacto de la sentencia para su familia: “mis hijos no se han enterado, no se cómo decirles que su padre va a estar 16 anos preso. No tengo las palabras para hacerlo. Sin embargo, me tendré que llenar de fortaleza porque mis hijos, igual que yo, creemos que vendrán tiempos mejores. Creemos en la justicia y en los organismos internacionales” sentenció.

Desde la opositora Plataforma Unitaria, el dirigente Robert García aseguró que esta sentencia se trata de un mensaje a cualquier venezolano que ejerza su derecho constitucional a la protesta pacífica y sin armas: “es decir, el ejercicio de la protesta y el ejercicio además sindical son derechos constitucionales y allí queda de nuevo en evidencia, lo que busca el oficialismo es intimidar al sector de los trabajadores, lo que busca de nuevo es intimidar a la población venezolana”manifestó.

El fiscal general, Tarek William Saab, afirmó esta semana que implementa el memorando de entendimiento suscrito con la Corte Penal Internacional para "garantizar que haya más justicia, más responsabilidad, paz sostenible y el respeto a los Derechos Humanos”. Pero la ONG Foro Penal contabiliza 283 personas privadas de libertad por causas políticas.