Una compañía minera en quiebra podría quedarse con parte de los activos de CITGO, subsidiaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la sexta refinería más grande de Estados Unidos.
Ante el impago de una deuda de 1.400 millones de dólares a Crystallex, un juez en el estado de Delaware decidió el año pasado que la empresa canadiense podría anexarse activos de CITGO. El fallo fue impugnado por PDVSA en una corte de apelaciones en Filadelfia.
A la batalla judicial, en la que también intervinieron inversores de la petrolera estatal venezolana, llegó el gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien desde sus inicios ha tenido los ojos puestos en obtener el control de CITGO.
¿De dónde salió la deuda con Crystallex?
La disputa legal entre la quebrada empresa y el país suramericano se remonta al 2008, durante la presidencia de Hugo Chávez, quien expropió Las Cristinas, una mina de oro al sureste del país, en el estado Bolívar, cuya explotación era manejada por Crystallex.
El caso llegó a la corte de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, quien en el 2016 otorgó un laudo arbitral de 1.200 millones de dólares a Crystallex y que debía ser pagado por Venezuela en compensación por Las Cristinas.
El gobierno del presidente en disputa Nicolás Maduro no cumplió con esa deuda y en el 2018 Crystallex llevó el caso a una corte civil en Delaware (en este estado está incorporada PDV Holding Inc, la matriz de CITGO). El fallo determinó que PDVSA funcionaba como un “alter ego del gobierno de Venezuela” y, por extensión, Crystallex podía anexarse los activos de su subsidiaria en EE.UU. —CITGO— para satisfacer la deuda.
PDVSA llevó este fallo ante la corte de apelación de Filadelfia en agosto del 2018.
A los pocos meses entraron en el juego dos fondos de inversiones estadounidenses( BlackRock Financial Management y Contrarian Capital Management) pidieron intervenir en el juicio a favor de PDVSA porque son tenedores de los bonos conocidos como PDVSA 2020. La empresa petrolera tiene también una deuda de casi ocho mil millones de dólares con los inversionistas.
Como garantía de esta deuda, PDVSA puso la mitad de las acciones de CITGO. Los tenedores alegaron ante la corte de Filadelfia que permitir que los acreedores de Venezuela obtengan acceso a los activos de PDVSA “perjudicaría a todos” los deudores de la petrolera estatal venezolana.
En pocas palabras, las empresas a las que Maduro debe dinero están peleándose por ver quién se queda con CITGO, uno de los activos más importantes de Venezuela en el exterior.
¿Y por qué intervino el gobierno de Guaidó?
El presidente interino ha contado desde el primer momento con el apoyo de Estados Unidos, quien fue el primer país en reconocerlo como líder legítimo de Venezuela. Apoyándose en su cuerpo diplomático en el país, encabezado por el embajador Carlos Vecchio, Guaidó se ha encargado de recoger apoyos en EE.UU. y ejercer presión para que se tomen medidas que ahoguen a Maduro.
También, al poco tiempo de comenzar su mandato interino, Guaidó nombró el 13 de febrero a una nueva junta directiva para la compañía, quien desde entonces ha tomado el control de facto de la petrolera.
Los representantes del gobierno interino presentaron una moción el primero de marzo en la que pedían a la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito aplazar el caso hasta el primero de julio. El juez aceptó que el equipo legal de Guaidó en Estados Unidos presentará sus argumentos en un juicio oral que tendrá lugar el 15 de abril.
“Una suspensión [de los procedimientos] de 120 días es necesaria para permitir que el recién instalado gobierno [tenga] suficiente tiempo para evaluar su posición”, argumentó el gobierno de Guaidó en la moción presentada a la corte.
El caso, alega, tiene que ver con el “control de activos estratégicos y amenaza con una interferencia judicial” con los “objetivos de política exterior” del presidente Donald Trump. Según los abogados, la decisión que tome la corte podría “afectar negativamente la habilidad del presidente Guaidó para completar la transición” democrática en Venezuela.
Los abogados que representan al gobierno interino en este caso y miembros de la junta directiva de CITGO declinaron solicitudes de entrevistas por parte de la Voz de América para este reportaje.
¿Qué argumenta Crystallex?
La compañía se opuso a que el gobierno de Guaidó interviniera en el proceso legal. En un documento presentado a la corte, afirman que el hecho de que el país esté pasando por “un cambio de liderazgo no libera al deudor de sus obligaciones con los acreedores”. La empresa afirma que es “indiscutible” que el laudo arbitral que el CIADI emitió a favor de Crystallex es “válido y ejecutable”.
También refutan el argumento de que el gobierno interino necesita tiempo para evaluar su posición ya que, José Ignacio Hernández, el procurador general de Venezuela nombrado por Guaidó, proporcionó su testimonio como experto respaldando los argumentos de Crystallex cuando el caso estaba en la corte de Delaware en el 2017.
Una fuente con conocimiento del asunto dijo a la Voz de América que los representantes del gobierno de Guaidó en EE.UU. han rechazado los intentos de Crystallex por entablar conversaciones con ellos.
Este artículo es parte de una serie de la Voz de América que explora la disputa por CITGO y lo que significa para el futuro de Venezuela.
