Lilian acababa de dar a luz en un hospital público de El Salvador cuando recibió dos noticias: que su bebé había muerto y que ella iría a la cárcel por homicidio agravado. En un país donde las leyes en contra del aborto son duras, esa muerte la condenó a 30 años de prisión, estando ocho años presa antes de que un juez anulara la sentencia.
Su caso fue parte de la campaña "Las 17 y más", de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, donde Lilian se convirtió en la última mujer en ser liberada en lo que va de este año.
Y es que no hay ninguna causal que justifique el aborto en El Salvador: ni médica ni socioeconómica ni por violación. Es más, el aborto puede llegar a ser considerado homicidio agravado en este país y las penas rondar entre los 30 y los 50 años de cárcel.
"No vemos una intención por parte del Estado (salvadoreño) de reducir la dureza con la que se castiga el aborto", dijo a la Voz de América, Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
El caso de Lilian fue el de una emergencia obstétrica ocurrida en un hospital público de El Salvador en 2015. Su bebé murió 72 horas después de haber dado a luz, y ella pasó ocho años en prisión por el hecho, hasta que fue liberada a inicios de este año.
"La sentencia que condenó a Lilian a 30 años de cárcel es una evidencia más del ensañamiento judicial con el que el sistema de justicia y de salud refuerzan la criminalización de mujeres jóvenes que viven en situación de pobreza", agregó Herrera sobre la liberación de la joven.
Desde 2018, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto emprendió una batalla legal contra la Corte Suprema de Justicia en El Salvador para que esta conmutara la pena.
Uno de los principales argumentos de la defensa fue que la joven se encontraba bajo custodia del Estado cuando ocurrió la muerte del recién nacido.
Sin embargo, Herrera cree que El Salvador podría verse obligado a cambiar su restrictiva ley contra el aborto tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Beatriz, una joven salvadoreña quien en 2013 pidió la interrupción de su embarazo tras ser diagnosticada con lupus, insuficiencia renal y artritis.
Ese caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2023. La sentencia no se conoce aún.
"Creemos que la Corte va a reconocer que a Beatriz se le violaron sus derechos humanos y que además reconocerá que no es un tema solo individual sino que mandará medidas de no repetición que incluirá algún tipo de las normativas y políticas públicas en relación al aborto", dijo Herrera a la VOA.
Apelando a que las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento, Herrera ve una esperanza en que este caso pueda sentar un importante precedente en El Salvador, en la región y el mundo.
Organizaciones civiles sobre derechos de las mujeres esperan que la Corte IDH defina si el Estado salvadoreño tiene o no responsabilidad en la presunta violación de los derechos a la vida de la joven fallecida, así como a su integridad personal, a sus garantías judiciales, a la vida privada, a la igualdad ante la ley, a la protección judicial y al derecho a la salud.
"El fallo muy probablemente determinará medidas de reparación para la familia de Beatriz, y también medidas estructurales sobre el aborto en El Salvador que serán vinculantes para el Estado", señaló en un informe Amnistía Internacional.
Sin posibilidades de despenalizar el aborto
“Que quede totalmente claro: mientras Nuevas Ideas sea mayoría en la Asamblea Legislativa, no existe ni la más mínima posibilidad de que el aborto se legalice en El Salvador”, dijo en 2023, Ernesto Castro, presidente del Congreso de El Salvador quien fue reelecto en el cargo recientemente.
Nuevas Ideas es el partido político del presidente salvadoreño Nayib Bukele, un partido que además ganó el control del 90 % del Congreso salvadoreño recientemente.
El mandatario salvadoreño también es de la idea que no ablandará las restrictivas leyes contra el aborto en El Salvador.
"No estoy a favor del aborto y creo que al final, en el futuro, algún día nos vamos a dar cuenta de que es un gran genocidio", dijo Bukele en 2020 al rapero puertorriqueño Residente Calle 13. Desde entonces no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema.
En 2021, el Congreso unicameral rechazó la solicitud presentada por organizaciones para autorizar el aborto en tres causales: cuando la vida de la mujer esté en riesgo, cuando la vida del feto sea inviable y cuando el embarazo sea producto del estupro o violación en mujeres y menores de edad. Pero la solicitud fue rechazada mayoritariamente.
El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones, junto con Nicaragua, Honduras y República Dominicana.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido a los Estados derogar las leyes que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo, pero no han obtenido resultados.
En lo que va de 2024, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto trabaja en la defensa de cinco casos más de mujeres procesadas por delitos relacionados al aborto y 11 que se encuentran en etapa administrativa.
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