El presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Federico Villegas, nombró el martes a las personas que conformarán el Grupo de Expertos para monitorear la situación en Nicaragua de acuerdo con una resolución que se emitió por el organismo el pasado 31 de marzo.
Según la resolución, se establecerá un mecanismo de rendición de cuentas “sobre los graves abusos y crímenes que se cometen en Nicaragua” a raíz de las protestas de 2018.
El grupo estará conformado por el alemán Jan-Michael Simon, experto en derecho penal y derecho internacional. Simon se ha destacado en trabajo relacionado a los derechos humanos, según un comunicado de la ONU.
![Seis de los siete precandidatos detenidos en Nicaragua. [Composición fotográfica de VOA]](https://gdb.voanews.com/023d0000-0aff-0242-4a2e-08da049d352c_w100_r1.jpg)
De igual forma estará el chileno Alexandro Álvarez, abogado con experiencia en derechos humanos. Recientemente Álvarez se desempeñó como consultor internacional de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Nicaragua.
También estará integrado por la colombiana Ángela María Buitrago, quien es una abogada y exfiscal experta en temas de derechos humanos.
Según la ONU, Buitrago conoce bien los sistemas internacionales y el funcionamiento de los grupos de investigación de expertos, ya que formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en México.
También ha presentado numerosos peritajes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso desde una perspectiva de género.
Misión deberá trabajar desde afuera
Organizaciones de derechos humanos valoraron como positiva la conformación este martes de un grupo de expertos de la ONU que valorará la crisis en Nicaragua, sin embargo surge una disyuntiva entre los opositores: ¿Cómo operarán si les niega el ingreso a Managua?
El colectivo de derechos humanos radicado en San José, Nicaragua Nunca Más, afirma que este grupo abre la posibilidad de que a futuro se investiguen “los crímenes de Daniel Ortega” que se dieron desde 2018 a la fecha.
“La conformación del grupo de expertos es un paso en esta nueva hoja de ruta que abre la posibilidad que se investiguen los crímenes de Ortega y en el largo o mediano plazo y que se puedan apoyar procesos judiciales contra personas que cometieron graves crímenes”, comenta a la VOA, Juan Carlos Arce, quien forma parte del colectivo.
Sin embargo el experto señala que el mecanismo tendrá un desafío de construir un método que permita hacer su trabajo de documentación desde afuera porque el gobierno de Ortega no permitirá el ingreso de ese grupo de las Naciones Unidas al país.
“Ahí está el desafío. En este momento tenemos una gran cantidad de víctimas en el exilio, acá se puede hacer un trabajo importante entre el grupo de expertos y las víctimas”, refiere.
Por su parte el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que trabaja bajo la clandestinidad en Managua afirma que el trabajo de los expertos dependerá mucho de los aportes de las víctimas.
“Consideramos que este es un paso más para alcanzar la justicia y la reparación para las víctimas de la represión gubernamental”, indicó el Cenidh en Twitter.
En entrevista pasada con la Voz de América, Juan Pappier, investigador senior de la división para las Américas de Human Rights Watch, enfatizó que es previsible que Ortega se cerrará “al escrutinio internacional” por lo tanto considera que el bloqueo a la comitiva que se delegaría no sería la excepción.
Sin embargo asegura que si Ortega no les permite visitar el país, “ellos pueden entrevistar a familiares de víctimas, hablar con aquellos nicaragüenses que han tenido que salir del país, muchos de ellos en Costa Rica o en los Estados Unidos, y pueden recolectar todo tipo de evidencias para llegar a conclusiones sobre las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo".
Precisamente en Costa Rica se encuentra un alto número de nicaragüenses refugiados y solicitantes de asilo.
A finales de marzo la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó que el número de refugiados se ha duplicado durante los últimos ocho meses totalizando más de 150.000 desplazados, una cifra que representa el 3 % de la población total de Costa Rica.
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