Al presentar en Washington las conclusiones del Examen Periódico Universal sobre derechos humanos, el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, aseguró que a pesar de haber sido una experiencia difícil, los resultados de este instrumento de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se han convertido en una Polìtica de Estado en Colombia.
Esto quiere decir que su instauración no depende de que la presidencia sea ocupada por uno u otro mandatario, sino que el país, en cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos, ha decidido abrir, una vez más, las puertas a la comunidad internacional para el escrutinio de la situación de vulnerabilidad de la población civil.
Santos enfatizó el hecho de que Colombia se sometió voluntariamente a presentar este examen, el cual fue creado en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para monitorear la situación de derechos humanos entre los 192 países miembros de la Organización.
Ejercicio “frustrante”
Además, el funcionario reveló que el inicio de este ejercicio fue “muy frustrante” al ver que el escenario de debate era dominado, en muchas ocasiones, por las ideologías que tradicionalmente se han adjudicado como suyas la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, con el paso de los años y la metodología instaurada para realizar el seguimiento y las evaluaciones a situaciones tan complicadas como la colombiana, el vicepresidente Santos concluyó que el EPU es un proceso “muy transparente” y aunque, específicamente en el caso colombiano, exige aún superar muchos retos, se ha “creado un pensamiento de Estado, alrededor de la defensa de los derechos humanos”.
Resultados
En términos de resultados, según el vicepresidente Francisco Santos, el Examen Periódico Universal le abrió las puertas del país al escrutinio de las organizaciones que encabezan la defensa de los derechos humanos en el mundo, estableciendo un diálogo franco y honesto, con instrumentos idóneos para la medición y el análisis de las condiciones en materia de DD.HH de cada país que se somete al examen, y con compromisos que, como en el caso de Colombia, se desarrollan por su propia determinación.
Muestra de ello, describió Santos, es la firma de dos memorandos de entendimiento con la Unión Europea y con España, para la evaluación periódica del desarrollo de los compromisos y para la cooperación con la implementación de mecanismos para la defensa de los derechos fundamentales de los colombianos y colombianas.
El vicepresidente colombiano aseguró que si bien hay un duro trabajo por delante para superar la situación de violencia que vive Colombia, el EPU le ha permitido al país mostrar en sus reales dimensiones los avances logrados durante los siete últimos años en materia de seguridad y defensa de los derechos humanos.
De la metodología creada para trabajar efectivamente con las poblaciones más vulnerables, como los desplazados o las minorías étnicas, o con las denuncias más graves sobre la criminalidad como las ejecuciones extrajudiciales, el espionaje o la interceptación de comunicaciones a sectores de oposición al gobierno, además de la tortura y la desaparición forzada, entre otros, el vicepresidente Santos destacó los instrumentos creados en el país para juzgar y garantizar el acceso a la justicia de todas las víctimas, y para evitar que tales violaciones a los derechos humanos se repitan.
Específicamente, en casos tan atroces como los llamados "falsos positivos", asesinatos selectivos de civiles por parte de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas, Santos aseguró que se ha creado un manual operacional, una directiva y 15 medidas específicas para entrenamiento y práctica de la inteligencia.
La Ley de Justicia y Paz
Así mismo, el vicepresidente destacó los avances que ha generado el marco legal a través del cual se desarrolló en Colombia el proceso de desmovilización de más de 30 mil miembros de grupos armados ilegales, conocido como ¨Ley de Justicia y Paz”.
El desarrollo de esta ley ha permitido la reparación de miles de víctimas del conflicto colombiano, el conocimiento de la verdad en más de 14 mil crímenes cometidos por los grupos armados ilegales a través de más de 40 años de conflicto armado y la revelación a sus familias del paradero de más de dos mil víctimas.
¿Paz definitiva?
El informe fue presentado en Washington, en un evento organizado por el Instituto para la Paz de los Estados Unidos. Al evento asistieron representantes de varias de las organizaciones no gubernamentales con sede en Washington, entre ellas, una de las más críticas del gobierno del presidente Álvaro Uribe, Human Rights Watch.
Aunque el director de esta organización, José Miguel Vivanco no se pronunció ni cuestionó los resultados del informe presentado por el vicepresidente Francisco Santos, en algo coinciden los dos: los desafíos para establecer una cultura de paz en Colombia, con base en el respeto absoluto de los derechos humanos, son muy grandes.
El camino a la paz definitiva no se vislumbra aún. Pero entre ambos las diferencias persisten porque mientras el vicepresidente reclama reconocimiento para los avances del país en materia de defensa de los derechos humanos, José Miguel Vivanco no reconoce, al menos públicamente, ningún mejoramiento de la situación en Colombia.
