El gobierno colombiano exhortó el jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) a que actúe frente a las “violaciones” del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua luego de que despojara de su nacionalidad a más de 300 de sus opositores, indicó la Cancillería en un comunicado.
“El autoritarismo que se ha impuesto en la hermana república ha infringido normas… Al señor Fiscal de la Corte se le pide tomar cartas en tan alarmante asunto”, apelaba el mensaje por escrito de la Cancillería, aludiendo a que esas reglas son “imperantes, inderogables, absolutas, perentorias, inmutables en esencia” y “precisamente aquellas de cuyas violaciones debe conocer la Corte Penal Internacional”.
Colombia ha recalcado que “rechaza los dictatoriales procederes” de Ortega tras haber “exiliado de manera sorpresiva e inhumana a conciudadanos” y les ofreció la nacionalidad colombiana a quienes la deseen, uniéndose a países como Chile y México. La víspera, el escritor Sergio Ramírez Mercado, exvicepresidente de Nicaragua en la década de 1980, aceptó la nacionalidad colombiana. El jueves la también escritora Gioconda Belli aceptó la chilena.
Colombia hace el pedido al fiscal pese a que Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, un órgano judicial que encausa graves crímenes del Derecho internacional.
El gobierno de Ortega excarceló, desterró y luego envió a Estados Unidos a 222 personas, entre ellas, líderes políticos, sacerdotes, estudiantes y activistas, y días después declaró “traidores a la patria” a otros 94 opositores a quienes les quitó la nacionalidad y ordenó confiscarles sus bienes inmuebles.
En la región, más gobiernos se han manifestado sobre la situación en Nicaragua. Ecuador hizo un llamado a Ortega para que libere a los “presos políticos” y devuelva la democracia, al tiempo que condenó la decisión de confiscar los bienes y retirar la nacionalidad nicaragüense de los exiliados.
“Esta aberración jurídica va contra los principios que norman la vida de las naciones y los derechos humanos”, agregó Ecuador en un comunicado el 17 de febrero.
El gobierno del chileno Gabriel Boric también fue contundente con su rechazo al accionar de Ortega a través de un pronunciamiento en la prensa de su canciller Antonia Urrejola: “Cada día más se trata de una dictadura totalitaria”.
Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo cautela al hablar de la situación de Nicaragua, pero expresó que “la nacionalidad no se puede perder por decreto” y ofreció asilo o nacionalidad a los nicaragüenses que la perdieron.
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