El gobierno de Gustavo Petro y las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, el terreno que durante muchos años estuvo bajo el poder del extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar, instalarán el viernes una mesa de negociaciones de paz.
Aunque el gobierno no ha detallado cuántas bandas criminales formarán parte de la negociación, que está enmarcada en la política de la “paz total” de Petro, se estima que podrían ser entre 12 y 14. La intención del gobierno, de acuerdo con un comunicado de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, es brindar otras oportunidades a los jóvenes que están inmersos en la delincuencia urbana.
Entre las bandas criminales que se someterían a la justicia se encuentran “La Oficina” -el antiguo grupo de sicarios al servicio de Escobar y el Cártel de Medellín-, “Los Triana” y “Los Meza”. Entre los cabecillas que participarán en el diálogo que se llevará a cabo en la cárcel de Itagüí, en Antioquia, se destacan Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, quien se estima que controla el 70% del crimen organizado en esa zona del occidente de Colombia.
La mesa es resultado de los acercamientos que ha venido adelantando el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en las últimas semanas. En una reciente declaración dijo que con estas conversaciones se buscaría desarmar a por lo menos 12.000 personas que integran estructuras criminales que delinquen especialmente en la ciudad de Medellín y su zona metropolitana.
Como antecedente, el 28 de abril las bandas criminales anunciaron un cese de hostilidades y ratificaron su compromiso con la paz total del gobierno de Petro.
El gobierno ha contado con la participación de la sociedad civil, líderes sociales, representantes religiosos, miembros de la academia, representantes de gobiernos extranjeros y la Organización de los Estados Americanos (OEA). La intención en la primera etapa de diálogo es construir una agenda para consolidar el proceso de abandono de las armas y sometimiento a la justicia a cambio de algunos beneficios judiciales.
Actualmente el gobierno de Petro tramita una ley en el Congreso para construir ese marco legal que permita conceder dichos beneficios. Entre ellos está el que no paguen más de ocho años de cárcel y que se puedan quedar con el 6% de las fortunas que hayan amasado durante la actividad ilegal.
A cambio, los delincuentes tendrían que declarar el 100% de la fortuna ilegal que acumularon y comprometerse con decir toda la verdad sobre sus crímenes y reparar a sus víctimas. También se deben comprometer a no reincidir en el delito, colaborar con la justicia y ayudar a desmovilizar a las estructuras armadas a las que pertenecieron.
La norma ha sido blanco de críticas por parte de entes judiciales y de control como la Fiscalía y la Procuraduría, que han expresado públicamente que la iniciativa podría convertirse en un incentivo al delito.
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