La Corte Constitucional de Colombia ordenó al gobierno retirar una de sus bases militares, ubicada en inmediaciones de la población de San José del Guaviare, al sur del país, luego de afirmar que la fuerza pública está invadiendo el territorio de los indígenas Jiw y Nukaven, que habitan la región.
“Los indígenas han sido víctimas de señalamientos, asesinatos, amenazas, hostigamientos irrespeto a las autoridades tradicionales, reclutamiento forzado, accidentes por minas antipersonales y municiones sin explotar, desaparición y desplazamiento forzado y utilización de las comunidades como escudo por parte de los diferentes actores del conflicto armado” señala la sentencia judicial.
Tras conocer la orden, el ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, aseguró a la prensa que el gobierno "respetará" y "acatará" la decisión, pero dejó abierta la posibilidad de apelación.
Pinzón también agregó que el gobierno de Colombia hallará la manera de beneficiar a las comunidades indígenas, sin afectar la seguridad del país.
Por su parte, el director de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC), Luis Evelis Andrade, aseguró que la decisión es una evidencia de que el gobierno debe consultar con los indígenas antes de instalar bases militares en su territorio.
Andrade también advirtió que las comunidades Jiw y Nukak están en riesgo de desaparecer, ya que han sido desplazados por la guerrilla y los grupos paramilitares de su país.
La decisión de la Corte se produce semanas después de que los indígenas del departamento del Cauca (ubicado al suroccidente del país), se alzaran en contra del gobierno para exigir la expulsión de todos los actores armados de su territorio.
“Los indígenas han sido víctimas de señalamientos, asesinatos, amenazas, hostigamientos irrespeto a las autoridades tradicionales, reclutamiento forzado, accidentes por minas antipersonales y municiones sin explotar, desaparición y desplazamiento forzado y utilización de las comunidades como escudo por parte de los diferentes actores del conflicto armado” señala la sentencia judicial.
Tras conocer la orden, el ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, aseguró a la prensa que el gobierno "respetará" y "acatará" la decisión, pero dejó abierta la posibilidad de apelación.
Pinzón también agregó que el gobierno de Colombia hallará la manera de beneficiar a las comunidades indígenas, sin afectar la seguridad del país.
Por su parte, el director de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC), Luis Evelis Andrade, aseguró que la decisión es una evidencia de que el gobierno debe consultar con los indígenas antes de instalar bases militares en su territorio.
Andrade también advirtió que las comunidades Jiw y Nukak están en riesgo de desaparecer, ya que han sido desplazados por la guerrilla y los grupos paramilitares de su país.
La decisión de la Corte se produce semanas después de que los indígenas del departamento del Cauca (ubicado al suroccidente del país), se alzaran en contra del gobierno para exigir la expulsión de todos los actores armados de su territorio.
