El enviado de las Naciones Unidas para Colombia dijo el jueves que “la gran mayoría” de los exintegrantes del grupo rebelde más grande del país sudamericano siguen comprometidos con el acuerdo de paz de 2016, firmado con el gobierno, a pesar del reciente anuncio de que algunos excomandantes han vuelto a tomar las armas.
Carlos Ruiz Massieu comentó ante el Consejo de Seguridad que las acciones de los excomandantes eran “lamentables e injustificadas” y subrayó “el rechazo rápido y categórico a estas acciones por parte de todos los sectores en todo el país”.
Destacó la expulsión en la víspera de aquellos que han retomado las armas por parte del partido político establecido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, comentó a los miembros del consejo que exlíderes de las FARC, que “son una clara minoría”, habían establecido un “grupo narcoterrorista” hace poco más de un mes, el cual ha sido condenado por las FARC y rechazado “por la sociedad colombiana”.
La acción de los excomandantes de las FARC es “el incumplimiento más grave” del acuerdo, aseveró Holmes. Pero agregó que dicho evento permitió “evidenciar que más del 90% de los excombatientes están cumpliendo con sus compromisos y además, el 76% de ellos manifiesta sentirse optimista y motivado frente a su futuro en la legalidad”.
“Miles de excombatientes están realizando estudios académicos, recibiendo capacitación vocacional, participando activamente en cooperativas y están empleados en actividades relacionadas con el acuerdo de paz”, dijo Ruiz Massieu.
Añadió que más de 3.500 excombatientes están involucrados en proyectos individuales y colectivos que van desde empresas agrícolas hasta la fabricación de ropa y el turismo ecológico.
Sin embargo, el diplomático expresó una gran preocupación ante los continuos ataques en contra de excombatientes de las FARC y dijo que 20 de ellos han sido asesinados desde julio, elevando el total a 151 desde la firma del acuerdo de paz.
Señaló que ha habido progreso por parte del gobierno, pero que se tienen que tomar medidas adicionales para reforzar las garantías de seguridad de los excombatientes y cerciorarse que los perpetradores sean llevados ante la justicia.