Colombia excarcelará manifestantes para ser gestores de paz

Siete jóvenes que fueron detenidos durante las multitudinarias manifestaciones de 2021 en Colombia saldrán de la cárcel luego de que el gobierno lo autorizara el viernes bajo la condición de que se desempeñen como “gestores de paz”, una figura nueva con la que el Ejecutivo busca ayudar a distender el conflicto interno.

Se trata de una decisión que ha causado polémica en el país debido a que los jóvenes están detenidos por presuntamente haber cometido delitos como concierto para delinquir, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, violencia contra servidores públicos, invasión de un inmueble u obstrucción de las vías públicas.

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Colombia vivió en 2021 un estallido social impulsado por el descontento que generó una reforma fiscal del gobierno conservador de Iván Duque (2018-2022) y que, aunque no prosperó, fue la chispa para reclamos por problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad. Las manifestaciones fueron mayoritariamente pacíficas, pero tuvieron brotes de violencia que dejaron al menos 46 personas muertas, según las Naciones Unidas, así como afectación de la infraestructura.

Cinco de los jóvenes que serán liberados se encuentran en reclusión carcelaria y dos en detención domiciliaria, pero ninguno ha recibido una condena. El gobierno aseguró en un comunicado que con su excarcelación no se suspende ni finaliza ningún proceso judicial, por lo que no corresponde a una amnistía o indulto. El gobierno no detalló cuándo saldrán de la cárcel.

Con la salida del primer grupo de jóvenes de la cárcel, Gustavo Petro -el primer presidente de izquierda en la historia del país- cumplirá una de sus promesas de campaña que consistía en buscar una estrategia para defender a los jóvenes detenidos en las protestas y darles “garantías” en vez de “criminalizarlos”.

El congresista opositor José Jaime Uscátegui aseguró a The Associated Press que desde su partido Centro Democrático quieren demandar el decreto con el que el gobierno autorizó las excarcelaciones de los manifestantes. “Creemos que el presidente se está extralimitando al quitarle competencia a los jueces, quienes serían los únicos autorizados para determinar algo en relación con la libertad de estas personas”, explicó.

El gobierno defendió su posición y aseguró que ha estudiado caso por caso y no hará excarcelaciones masivas. La Fiscalía ha imputado a más de 160 personas que participaron en las manifestaciones, según información pública de septiembre.

Como condición, los “voceros de paz” deben ser integrantes de organizaciones humanitarias, recibir atención psicosocial, rendir informes mensuales ante el gobierno y hacer un diplomado sobre construcción de paz.

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El gobierno asegura que Arles Andrés Bolaños, de 20 años, es un líder indígena que participó en las manifestaciones de la ciudad de Cali, al suroeste del país y considerada el epicentro de las protestas. Mientras que Laura Camila Ramírez Enciso, de 25 años, ha brindado primeros auxilios en manifestaciones y es líder en la lucha contra el hambre en la céntrica ciudad de Medellín.

El rol de los jóvenes que serán excarcelados está relacionado con una apuesta más ambiciosa del gobierno llamada “paz total” con la que busca abrir negociaciones y someter a la justicia a diversos grupos armados y bandas criminales, así como brindar garantías a los territorios donde sufren la violencia.

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