La fiscalía colombiana cree que las campañas de reelección del presidente Juan Manuel Santos como la de su rival, Óscar Iván Zuluaga, en 2014 se vieron beneficiadas por la empresa constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un megaescándalo de sobornos que se ha extendido por todo el continente americano.
Según la fiscalía, la compañía constructora pagó un millón de dólares por una encuesta de opinión realizada durante la campaña de reelección del presidente con el objetivo de congraciarse con el gobierno de Santos para que le ayudara a ganar un arbitraje por $100 millones de dólares en torno a disputas por un proyecto carretero.
Y de igual manera Odebrecht habría pagado $1,6 millones de dólares en servicios para la campaña “Mano Firme, Corazón Grande” del candidato Zuluaga.
No queda esclarecido el tipo de evidencia para respaldar la acusación, o cuál fue el delito cometido, en caso de que exista. En Colombia son ilegales las contribuciones de campaña por parte de compañías no bancarias, y Santos no reportó haber aceptado alguna contribución individual. Pero es un secreto a voces en Colombia, y otras partes de Latinoamérica en donde existen ese tipo de restricciones, que los políticos suelen recurrir a compañías para obtener contribuciones no declaradas para cubrir los costos relacionados con su campaña presidencial.
Santos aún no comenta al respecto. Pero su vinculación con Odebrecht infligiría un mayor daño a Santos a 14 meses de las elecciones de las que surgirá su sucesor y con una descontenta coalición que se deteriora en el Congreso y que es necesaria para la implementación de un acuerdo de paz con las guerrillas.
En un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos el año pasado, Odebrecht admitió el pago de unos $800 millones de dólares en sobornos para obtener licitaciones en toda Latinoamérica.
De acuerdo al periódico colombiano El Tiempo, el fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que la investigación adelantada en Colombia “se ha llevado a cabo solamente a partir de indagaciones e iniciativas probatorias propias”, pues “hasta la fecha la Fiscalía no ha recibido pruebas recaudadas por la Procuraduría General de Brasil, ni por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos”.
Los efectos de la continua investigación de Brasil a Odebrecht implican cada vez más a políticos de toda la región. El mes pasado, un juez de Perú ordenó el arresto del expresidente Alejandro Toledo por supuestamente recibir unos 20 millones de dólares en sobornos a cambio de un lucrativo contrato para construir una carretera entre Brasil y la costa del Pacífico.
