El gobierno de Colombia avanza en una reforma agraria con la entrega de un millón de hectáreas de tierra a campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto que no tienen una propiedad.
En Colombia, la posesión y distribución de la tierra siempre ha ocupado el lugar central de la historia del conflicto armado. De ahí que el primer punto de los acuerdos de paz de 2016 entre las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos planteó una reforma agraria que ordenara el uso y el acceso de la tierra.
Seis años después de la firma del acuerdo, la reforma nunca se dio, pero el presidente izquierdista Gustavo Petro, ha prometido cumplir los acuerdos y sacarla adelante.
“No hay producción alimentaria sin campesino y sin campesina. Ahora habrá, precisamente para defender la vida, la necesidad de crecer en tierras, que cada vez se agotan más”, apuntó el mandatario en la Convención Nacional Campesina de Colombia.
Qué mecanismo han utilizado para sacar adelante la reforma
Uno de los primeros pasos que adelantó el gobierno en esta materia fue el anuncio de la compra de tres millones de hectáreas de tierras en distintas regiones del país, en un acuerdo con la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan).
Además, el ejecutivo puso en marcha la utilización de los predios de origen del narcotráfico incautados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), porque en el país hay miles de hectáreas de tierras en procesos de extinción de dominio y terrenos baldíos.
Dentro del trámite legislativo de la reforma se encuentra la creación de una Jurisdicción Agraria, que consistirá en un grupo especializado de jueces que se dediquen específicamente a atender conflictos sobre propiedad agraria.
También se destinará un presupuesto a insumos que serán entregados a los campesinos más empobrecidos, para que puedan adquirir estos productos y trabajar la tierra.
“La reforma agraria parte de un reconocimiento muy doloroso. Colombia tiene una de las peores concentraciones de tierra, no solo en América Latina, sino en el mundo. Redistribuir la tierra para estos sectores que no han tenido la posibilidad, muchos de ellos con predios absolutamente insostenibles en términos económicos, pero hacerlo con la tierra muy productiva, que ha sido subutilizada, tiene que generar no solamente un cambio social, sino un gran cambio en términos de la capacidad del sector de ofrecer la producción que puede”, dijo a la Voz de América la ministra de Agricultura, Cecilia López.
Qué opinan los campesinos
Manuel Hernández, un campesino colombiano, dijo a la VOA que todas sus esperanzas para seguir viviendo del campo como lo viene haciendo por más de 20 años están puestas en esta reforma agraria.
“Le pedimos al gobierno que la reforma agraria efectivamente esté acorde a la necesidad del campesinado. Lo que nosotros necesitamos en este momento es que el gobierno mire que nosotros tenemos pedacitos de terreno en ascenso y en arriendo y eso no nos da”, dijo Hernández.
En ese sentido, Jorge Lozada, un campesino de Purificación, Tolima, en el centro del país, le dijo a la VOA que la reforma tiene que ir más allá de la entrega de tierras y mejorar sus condiciones de vida con la provisión de bienes y servicios públicos como salud, educación y vías.
“Las distintas violencias han desplazado a muchos campesinos, la corrupción ha robado recursos que deberían ir al sector agropecuario. Tenemos un déficit con las vías terciarias por donde deberían salir los alimentos de los campesinos colombianos”, explicó.
Según cifras del Censo Nacional, las grandes extensiones de tierra están en poder del 0,4 % de la población del país, que es dueña del 46 % de los terrenos rurales, con un promedio de 500 hectáreas por terreno.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, calculados en función del coeficiente de Gini, que se basa en censos agrícolas, el país es uno de los más desiguales en la distribución de tierra productiva, ya que cuanto más se acerque a 1 un punto en ese valor, mayor es la desigualdad.
Por último, el más reciente informe de la Comisión de la Verdad, el organismo estatal que surgió a partir de la firma de paz con las FARC, señaló en su informe final que como resultado del conflicto armado, 8 millones de hectáreas fueron arrebatadas de sus poseedores de forma violenta.
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