Una mujer recuerda que cuando participaba en las multitudinarias protestas de 2021 en Colombia un policía antimotines la separó del grupo, la tocó indebidamente y la amenazó. “Nos iban a violar, me metieron la pistola en la boca”.
Su caso es uno de los 28 que documentó Amnistía Internacional en un informe divulgado el jueves enfocado en la violencia basada en el género, incluida violencia sexual, contra mujeres y personas LGBTI entre el 28 de abril y el 30 de junio de 2021 durante las manifestaciones. Los testimonios fueron protegidos bajo el anonimato por pedido de las víctimas.
El estallido social de 2021 inició por la inconformidad de miles de personas con una reforma fiscal que impulsaba el gobierno del entonces presidente Iván Duque (2018-2022). La reforma no prosperó por la presión en las calles, pero las manifestaciones se extendieron durante dos meses con reclamos por el desempleo, la pobreza y la exigencia de garantías para protestar sin represión. Las jornadas fueron mayoritariamente pacíficas, pero hubo brotes de violencia y al menos 46 personas murieron, según la ONU.
Amnistía Internacional en su informe titulado “La policía no me cuida: Violencia sexual y otras violencias basadas en género en el Paro Nacional de 2021”, señaló a los agentes de policía de ser los principales sospechosos e indicó que la mayoría de las agresiones se produjeron durante la dispersión que realizaban utilizando gases lacrimógenos.
Las víctimas eran manoseadas bajo el pretexto de que se trataba de una requisa y Amnistía documentó que en dos casos la agresión habría sido cometida en centros de detención o vehículos de la policía.
Una mujer relató al organismo internacional que después de haber sido impactada por una bala de goma observó a un agente llevarse a su hija y “tratar de ahogarla en un pozo de agua”. Al intentar ayudarla, dijo la madre, fue golpeada, desvestida y tocada indebidamente por un agente en sus genitales. Las mujeres no presentaron una denuncia formal por temor a represalias.
La Fiscalía ha identificado 22 víctimas de violencia de género en el marco de las protestas, según un informe público actualizado hasta septiembre. Entre los casos investiga dos hechos de violencia sexual, tres por acceso carnal violento y uno por tortura y ha logrado nueve capturas e imputado a 13 personas.
The Associated Press consultó a la Procuraduría -encargada de los procesos disciplinarios contra policías- por las investigaciones en curso, así como a la Fiscalía para que detalle si entre los imputados hay agentes de la policía, pero no obtuvo respuesta de inmediato.
La ONU indicó en un informe de 2021 que recibió 60 denuncias de víctimas de violencia sexual y verificó que en 16 casos los policías serían los presuntos responsables. Por su parte, la estatal Defensoría del Pueblo llegó a consolidar 112 casos de violencia basada en género que corresponden a agresiones por parte de la policía durante las protestas y un caso en el que una mujer policía fue agredida por los manifestantes, según un informe que presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De los 28 casos documentados por Amnistía, 24 fueron cometidos contra mujeres, entre ellas algunas con orientación sexual e identidad de género diversa, y cuatro contra hombres, de los cuales uno se identifica como gay. La agresión sexual contra tres de las víctimas ocurrió en un calabozo. Uno de ellos relató que fue obligado a declarar que era gay bajo amenaza y luego dos de los presos le exigieron actos sexuales.
Una de las víctimas tuvo estrés postraumático que le generó miedo constante a salir a la calle, alteraciones del sueño y el apetito, pensamientos recurrentes sobre lo ocurrido y sentimiento de culpa, señaló a AP Caribe Afirmativo, una organización no gubernamental que trabaja por la diversidad sexual y brindó acompañamiento psicosocial y jurídico a la víctima.
Amnistía también denunció que la violencia tuvo en algunos casos connotaciones racistas al cometerse contra indígenas y afrodescendientes. Una mujer denunció agresión por estar identificada con un logo de un grupo indígena: "Yo me resistí y empecé a gritar, me taparon la boca, me arrancaron la camisa... accedieron de mi cuerpo como animales repartiéndose su presa”. La mujer denunció a las autoridades, pero luego recibió una amenaza y tuvo que desplazarse forzosamente para protegerse.
Los cuestionamientos sobre la policía por el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones produjeron algunos cambios en la institución y el nuevo gobierno del izquierdista Gustavo Petro ha prometido que los agentes respetarán los derechos humanos y no atacarán indiscriminadamente a los manifestantes.
Amnistía recomendó en su informe que el presidente Gustavo Petro, como jefe máximo de la fuerza pública, ordene detener las violaciones de derechos humanos y que el gobierno disponga de mecanismos independientes de supervisión de la policía. Solicitó también que cuando se haga una acusación grave de violencia de género, el presunto autor sea suspendido de su servicio como policía para que no interfiera en la investigación.
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