La polémica por el control de los activos de Venezuela en el extranjero ha hecho tambalear la mesa de negociaciones instalada en México para zanjar la prolongada crisis del país sudamericano.
El gobierno de Nicolás Maduro reclama que sus opositores pretenden continuar “el saqueo” de los recursos con que cuenta Venezuela fuera de sus fronteras, mientras la plataforma unitaria que le confronta le acusa de vender activos del país que todavía controlaba con descuentos y pérdidas de relevancia.
Se espera que esa diatriba sobre los activos en el extranjero centre los debates en la tercera ronda de negociaciones que iniciará este próximo viernes en México y que se extenderá hasta el lunes 27 de septiembre. La Voz de América consultó a expertos para descifrar las claves de la polémica.
1. ¿Qué son los activos?
Los “activos” de una República en el extranjero son una definición técnica de todas las posesiones de un Estado determinado fuera de su territorio. Estos pueden ser en estado líquido, divisas, o físicos, representados en empresas, inmuebles y muebles (barcos, aviones, por ejemplo), según explica el especialista en relaciones económicas internacionales, Luis Angarita.
“Los activos representan el patrimonio del Estado y contribuyen al desarrollo económico y social de la nación. Son principalmente algunas instalaciones vinculadas con el negocio petrolero (refinerías, almacenes) y cuentas bancarias en el extranjero”, precisa el docente de la Universidad Central de Venezuela.
Aldo Contreras, economista y profesor universitario, explica que los activos republicanos son útiles para “dinamizar la balanza de pagos”, es decir, para generar ingresos extraordinarios en divisas que permitan utilizarlas para importación de materia prima y para dinamizar su estado financiero.
2. La diatriba en Venezuela
Los problemas de Venezuela por sus activos en el extranjero se derivan, primero, por la deuda externa contraída entre los años 2006 y 2012, así como de las obligaciones y garantías derivadas de la misma, señala Angarita.
Luego, y quizás lo más importante, existe la diatriba política sobre quién es el titular del Estado, el presidente habilitado para disponer de esos activos.
La oposición venezolana acusó a partir de enero de 2019 a Nicolás Maduro, reelecto en 2018 en unas elecciones consideradas fraudulentas por buena parte de la comunidad internacional, de usurpar el cargo y, con base en las normas constitucionales y en su mayoría en el Parlamento, designó como presidente interino al máximo representante de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
“En la actualidad, hay un número importante de recursos congelados por la misma diatriba de reconocimiento político”, detalla Angarita.
Guaidó, respaldado por la Asamblea Nacional de 2015, que extendió su período de funciones alegando que las elecciones legislativas de 2020 eran ilegales, controla la mayoría de los activos de la República desde entonces mediante la figura de juntas ad hoc o a título personal como presidente interino en los países que lo reconocen como tal, al menos 50, entre ellos Estados Unidos.
3. Monómeros, en Colombia
La sociedad anónima Monómeros Colombo-Venezuela es una empresa de capital 100 por ciento venezolano con sede en Barranquilla, Colombia. Filial de la Petroquímica de Venezuela (Pequivén), es responsable de suministrar hasta el 46 por ciento de los fertilizantes en ese país vecino. La administra una junta ad hoc designada por la AN leal a Guaidó desde la diatriba política de 2019. El gobierno colombiano reconoce a estos directivos nombrados hace dos años debido a que considera que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela.
A principios de septiembre, la Superintendencia de Sociedades de Colombia tomó su control. “Está bajo un proceso de investigación administrativo por problemas en sus estados financieros. Se endeudó y generó compromisos, y tiene limitaciones y controles sobre sus activos y patrimonios”, dice Angarita.
El gobierno de Maduro acusa al presidente colombiano Iván Duque de “robo” por el caso y exige que se la devuelva a sus funcionarios. Diputados opositores de la comisión legislativa de contraloría abrieron una investigación sobre el caso, advirtiendo que se adelantan negociaciones con el gobierno colombiano y acotando que Monómeros “siempre será venezolana”.
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4. Citgo, en Estados Unidos
La Citgo Petroleum Corporation es una filial petrolera venezolana en territorio estadounidense, filial de PDVSA. Es el más grande activo en el extranjero.
En 2019, ya bajo la administración de funcionarios que respondían a Guaidó y al Parlamento venezolano, una Corte Federal de Estados Unidos emitió una sentencia que establece que el Estado venezolano deberá pagar a la empresa canadiense especializada en minería Crystallex cerca de 1.400 millones de dólares o, en su defecto, verse forzada a una compensación e incluso a tomarla.
El gobierno del expresidente Donald Trump emitió una licencia que la protegió a favor del gobierno de Guaidó, prohibiendo toda transacción relacionada con el bono 2020 de la petrolera estatal venezolana PDVSA. La administración de Joe Biden acaba de renovar esa licencia hasta enero de 2022.
La demanda de Crystalex contra el Estado venezolano ocurrió luego de que el expresidente Hugo Chávez expropiara sus activos en 2008. Citgo fue garantía de los Gobiernos de Chávez y Maduro en diversos negocios y préstamos, pero nunca se cancelaron los montos correspondientes a la compañía canadiense.
“El caso de CITGO entra en el primer problema, el de deuda externa”, explica Angarita. “Se endeudó por la emisión de un bono que administró el Estado venezolano, y puso como garantías el 50% de las acciones de la empresa. La empresa dejó de pagar a sus acreedores y estos quieren ejercer las clausulas de garantías y cobrar sus acreencias de la venta y liquidación de la empresa”, indica.
Luego de esto, está el mismo problema de reconocimiento y control, porque es una empresa venezolana que se encuentra en territorio estadounidense, y el gobierno de los EE. UU. reconoce a Guaidó.
5. 16.000 millones de dólares en juego
Los activos de Monómeros y Citgo representan un valor total de 16.000 millones de dólares para el Estado venezolano, y de allí su relevancia, subraya Contreras.
“Son las empresas más importantes. Su valor es de 2,5 veces las reservas internacionales de Venezuela”, afirma, detallando que Monómeros está calculada en 5.000 millones de dólares y Citgo, en 11.000 millones de dólares.
Antes de las recientes polémicas políticas entre el gobierno de Maduro y el de Guaidó por el manejo de ambas compañías, se registraron balances positivos para Monómeros (10 millones de dólares en reportes de 2019 y 2020) y Citgo (ganó tres millones de dólares entre abril y junio de 2021), sostiene Contreras.
6. Polémicas para todos
Los casos de Monómeros y Citgo han generado fricciones en medio del diálogo político para zanjar la crisis de Venezuela que se adelanta en México con el concurso del gobierno de Maduro, la oposición, Noruega, Rusia y Países Bajos.
El oficialismo venezolano emitió un comunicado donde condena la presunta intención opositora de “desnacionalizar” los activos republicanos, considerando que las recientes declaraciones de voceros aliados de Guaidó suponen el incumplimiento de uno de los puntos principales de las negociaciones.
La delegación de Maduro advirtió que ese tema podría representar “un quiebre” de las conversaciones en México, así como de los acuerdos parciales logrados.
El asunto de Monómeros y Citgo arrojan luces sobre “la poca transparencia” en el manejo de recursos del Estado venezolano de parte del interinato de Guaidó, considera Contreras. Varios reportes de prensa en Colombia, e incluso denuncias de dirigentes opositores y diplomáticos venezolanos, han revelado irregularidades administrativas en la directiva designada por la oposición.
Tras el escándalo de Monómeros, diputados de oposición y el mismo Guaidó han coqueteado con la idea de crear un fideicomiso para manejar esos activos.
Los economistas consultados por VOA resaltan que el gobierno de Maduro también queda enlodado con ventas de activos que seguían en su poder, con considerables descuentos, como refinerías en Aruba y República Dominicana.
El gobierno de Maduro anunció en agosto que PDVSA transfirió su participación del 49% por en la Refinería Dominicana de Petróleo PDV a cambio de la recepción de deuda externa emitida. El precio acordado fue de 88 millones de dólares, cerca de 47,6 millones de dólares menos en comparación al precio de venta que PDV Caribe, una filial de PDVSA, pagó 10 años atrás.
“Representa una pérdida patrimonial importante para el Estado venezolano, como consecuencia de su política de endeudamiento externo”, apunta Angarita.
8. Lo pendiente
Uno de los casos de activos que mayor fricción genera entre Maduro y la oposición es el del oro venezolano resguardado en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Esta entidad negó una petición de emisarios oficialistas de retirar 31 toneladas del mineral en medio de sanciones económicas contra el gobierno y a raíz de la polémica sobre el reconocimiento de Maduro como presidente.
El expediente es legal. El poder ejecutivo venezolano demandó al banco inglés por “robo” de activos republicanos, pero tribunales del país europeo evalúan el caso de acuerdo con el criterio del ministerio británico de relaciones exteriores en cuanto a quién es el presidente. Ante los ojos de Londres, es Guaidó.
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