La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nombró el jueves a cuatro expertos para ayudar al gobierno de Bolivia a investigar las violaciones a derechos humanos que tuvieron lugar en Bolivia a finales del 2019 durante la crisis política que llevó a la renuncia del expresidente Evo Morales.
El Grupo Interdisciplinario de expertos Independientes (GIEI) viajará a Bolivia en febrero y comenzará una labor de seis meses durante los que investigará “los actos de violencia” entre el primero de Septiembre y el 31 de diciembre del 2019, según explicó el secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrāo en Washington.
Los expertos trabajarán “en colaboración” con el gobierno de Jeanine Áñez, en cumplimiento de un acuerdo suscrito con la CIDH en diciembre del 2019. “El estado de Bolivia ha ofrecido garantías para que el GIEI puede proceder de manera independiente”, aseguró Abrāo en la presentación del grupo.
El anuncio del equipo se da más de un mes después de que la CIDH emitiera su informe preliminar sobre la situación en Bolivia, en el que critica el uso de la fuerza por parte del gobierno de Áñez, el cual rechazó el reporte calificándolo de “sesgado”.
“Hemos estado muy confundidos con el informe preliminar que hizo la CIDH porque no fue un informe independiente pero calificó hechos como masacres y violencia racial.”, dijo el embajador de Bolivia ante la OEA en la presentación de los expertos.
“Queremos que todo eso se aclare”, agregó”.
El informe preliminar condenó las ‘masacres’ en Sacaba y Senkata, en operaciones llevadas a cabo por las fuerzas militares bolivianas contra manifestantes a favor del partido de Morales, donde murieron por lo menos 18 personas. La CIDH también condenó la incitación a la violencia y la discriminación “étnica y racial”.
Durante los seis meses —que pueden extenderse si es necesario—el GIEI trabajará en un modelo “híbrido” con el Estado boliviano, explicó Abrāo a la Voz de América; tanto las investigaciones que realice como las pruebas que aporte van a ser entregadas a las autoridades locales quienes tienen, en últimas, “la responsabilidad jurídica de concluir las investigaciones”.
La canciller boliviana, Karen Longaric, dijo en su visita a Washington que su gobierno se asegurará de que el trabajo con el GIEI sea una “colaboración transparente”.
“Va a ser una investigación imparcial desprovista de posiciones ideológicas y partidarias” añadió Longaric.
Los expertos elegidos para formar parte del grupo son Juan Méndez, quien fue relator especial de ONU sobre tortura; Patricia Tappatá, directora del Centro Internacional para la Promoción de DDHH de la UNESCO; Marlon Weichert, fiscal federal en Brasil y Julian Berger, profesor de la Universidad de Essex.
