![la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció "restricciones de acceso a la información" por parte de las autoridades guatemaltecas. [Foto de archivo]](https://gdb.voanews.com/6f65dc92-d8b4-4b1e-9837-75d813afd3eb_w250_r1_s.jpg)
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por reportes recibidos sobre “ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación en Guatemala”.
A través de un comunicado de prensa el organismo recordó al Estado sus deberes de “respeto y garantía” de la labor de la prensa, los que se deben ajustar a “estándares internacionales de derechos humanos”.
Según la Relatoría en las últimas semanas, ha recibido reportes periódicos que advierten sobre “el deterioro de las garantías para ejercer el periodismo en Guatemala”.
Entre algunos de los casos de conocimiento de CIDH está la agresión a cuatro comunicadores, el pasado 22 de octubre, mientras cumplían con su labor de informar sobre las manifestaciones de la población Q’eqchi’ en El Estor, Izabal.
“Además de las reportadas amenazas a periodistas para que se abstengan de grabar estos hechos, agentes policiales habrían utilizado gases lacrimógenos en contra de manifestantes y trabajadores de medios de comunicación, algunos de los cuales resultaron heridos”, cita el documento.
Algunos de los comunicadores agredidos fueron Carlos Ernesto Choc, a quien además despojaron de sus equipos de trabajo, y Juan Bautista Xol, ambos de Prensa Comunitaria; este último fue sujeto de inspección y registro por parte de la Policía Nacional Civil en su vivienda.
Así mismo, el organismo dijo tener conocimiento de “restricciones de acceso a la información y fuentes oficiales, intimidaciones y asedio a las residencias de comunicadores, provenientes tanto de funcionarios estatales como de personas vinculadas a la empresa minera”.
Ante estos y otras denuncias la CIDH exigió al Estado guatemalteco una investigación “imparcial y exhaustiva de estos hechos”.
"La Relatoría recuerda que es deber de los Estados brindar a la prensa las más altas garantías para ejercer su labor de forma libre, segura e independiente, ya que son las y los periodistas quienes mantienen informada a la sociedad y contribuyen a la consolidación y el fortalecimiento del Estado de Derecho", argumentó.
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