Un Consejo Constitucional votaba el lunes el proyecto de carta magna que Chile plebiscitará en diciembre para reemplazar a la legada por la dictadura militar.
Chile vive su segundo proceso constitucional luego de que en 2022 el 62% del electorado rechazó un texto escrito por una convención izquierdista electa democráticamente. Este año se eligió un nuevo órgano redactor dominado por la oposición derechista, con 33 escaños frente a los 17 del oficialismo izquierdista.
Se estima que la votación del pleno del Consejo se prolongará por varias horas porque los 50 consejeros y los 24 expertos que redactaron el anteproyecto de carta magna tienen derecho a intervenir en la sala por seis minutos cada uno.
El consejero socialista Alejandro Kohler dijo que “no tenemos otra opción que rechazar este texto”, mientras el derechista Edmundo Eluchans afirmó que “la propuesta es buena… aunque no es perfecta”.
Para aprobar el texto definitivo que votará el electorado en diciembre se necesitan 30 votos y la oposición tiene 33 sufragios, por lo que se estima que será admitido.
El texto establece que Chile es un Estado social y democrático que “promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales” a través de instituciones estatales y privadas.
Pero el oficialismo señala que esto implica que, aunque haya libertad de elección de derechos en salud, educación y pensiones, sólo podrán escoger quienes tengan recursos económicos para pagar mejores servicios.
Entre los artículos más controversiales está el que indica que “la ley protege la vida de quien está por nacer”. La izquierda estima que esto podría afectar la aplicación de la ley vigente que permite el aborto en tres causales: inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre y violación.
El proyecto también incluye un derecho nuevo, el de “la vivienda adecuada”, y precisa que el inmueble destinado a la vivienda principal “estará exento de toda contribución e impuesto territorial”, exceptuados los de alto valor fiscal y según los ingresos del contribuyente. Actualmente poco más del 70% de las viviendas están exentas. El oficialismo critica que las municipalidades dejarán de percibir importantes recursos que destinan a obras sociales.
Otro artículo establece que los condenados a penas privativas de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de la pena “por la reclusión domiciliaria” en casos de existir una enfermedad terminal. La izquierda afirma que el artículo favorecerá a los recluidos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1973 a 1990.
Sobre los pueblos indígenas, que la constitución vigente no menciona, la nueva los reconoce como parte de la nación chilena y agrega que el Estado promoverá sus derechos individuales y colectivos.
El texto final será entregado el 7 de noviembre próximo al presidente Gabriel Boric, quien debe convocar a un plebiscito para el 17 de diciembre, cuando el electorado decidirá si lo acepta o rechaza.
La oposición anticipó que votará a favor mientras el oficialismo espera tomar una decisión conjunta luego del 7 de noviembre, aunque varios de sus dirigentes han expresado críticas al proyecto.
Encuestas locales coinciden en señalar que una mayoría cercana al 50% votaría contra el texto, aunque durante la última semana la opción “a favor” ha subido algunos puntos.
