El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció el miércoles que su gobierno intensificará las gestiones diplomáticas con Bolivia y Venezuela para que acepten a los inmigrantes irregulares expulsados desde Chile.
Chile, que enfrenta una inmigración irregular descontrolada, reforzó a fines de febrero su frontera en el norte con Perú y Bolivia con un contingente militar facultado para controlar identidad, revisar equipaje e incluso detener temporalmente.
“Nuestra prioridad está en proteger la frontera”, dijo Boric desde Colchane, 1.950 kilómetros al norte de la capital chilena, una localidad fronteriza donde llega la mayoría de los inmigrantes irregulares que llegan desde territorio boliviano.
Boric dijo que ordenó al canciller Alberto van Klaveren para que refuerce las conversaciones con los países vecinos, especialmente con Bolivia, país que no recibe a los inmigrantes irregulares que llegan a Colchane desde territorio boliviano.
Bolivia, con quien Chile no tiene relaciones diplomáticas desde 1978, sólo recibe a los expulsados bolivianos y no admite de regreso a ciudadanos de otras nacionalidades que usaron su territorio para llegar a suelo chileno.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, precisó el miércoles que hay más de 20.000 expulsiones administrativas de venezolanos que Chile no ha podido concretar porque Venezuela no recibe vuelos contratados para devolverlos.
El diputado Jaime Araya explicó que la alternativa de enviarlos en autobuses tampoco es viable porque el costo ascendería a 2,7 millones de pesos (3.360 dólares) por persona.
Boric dijo que conversará con otros mandatarios de la región para que enfrenten unidos el problema de la inmigración irregular. A fines de mes se realizará en República Dominicana la XXVIII cumbre iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno.
También anunció que se acelerarán en el Congreso los proyectos de ley que buscan hacer menos engorrosos los procedimientos burocráticos necesarios para cumplir las expulsiones administrativas. Actualmente, hay que localizar a las personas y notificarlas dos veces.
Pero los decretos de expulsión pierden vigencia luego de 48 horas, lo que obliga al gobierno a reiniciar el proceso.
El mandatario concluyó señalando que el control fronterizo también se extenderá hacia otros pasos fronterizos clandestinos que en este momento no están siendo vigilados por los militares y que recientemente empezaron a ser usados.
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