El Congreso chileno renovó el lunes el estado de emergencia que permite al presidente Gabriel Boric mantener a los militares en la vigilancia de las carreteras de dos regiones del sur del país afectadas por atentados incendiarios.
Según las autoridades, desde que los militares patrullan las principales carreteras de ambas regiones, los “hechos de violencia rural” han disminuido en un 46 %. Además, en ambas regiones actúan bandas de ladrones de madera y de narcotraficantes.
La solicitud del mandatario de renovar la extensión del estado constitucional fue aprobada en el Senado por 34 sufragios a favor, seis en contra y tres abstenciones. Más temprano dieron su visto bueno los diputados, con 86 votos a favor, 20 en contra y seis abstenciones. Tras la votación de los diputados, la decisión pasa a pronunciamiento de los senadores.
El estado de emergencia rige sólo por 15 días, lo que obliga al Ejecutivo a solicitar nuevas extensiones cada dos semanas. Para evitar el trámite, el gobierno envió al Congreso una modificación constitucional que extenderá su vigencia por 60 días. Está en trámite.
El estado de excepción fue decretado en toda la región de La Araucanía y en dos provincias del Biobío, 600 kilómetros al sur de la capital chilena, donde hay un conflicto con sectores minoritarios de la etnia mapuche que exigen por la fuerza la devolución de territorios ancestrales. En su mayoría, la restitución de tierras se ha ejercido por métodos pacíficos.
La ministra de Defensa, Maya Fernández, justificó la necesidad de extender el estado de emergencia porque durante su vigencia han “disminuido muy fuertemente los hechos (de violencia)”, mientras su colega de Interior, Carolina Tohá, afirmó que la fuerza militar “está conteniendo cierto tipo de ocupación del territorio que impedía la vida normal de las personas”.
Los atentados en la llamada Macrozona Sur son dirigidos principalmente contra maquinarias de las empresas forestales que funcionan en territorios que hasta el siglo XIX pertenecían a los mapuches y que les fueron arrebatadas violentamente por el Estado chileno.
Hace un mes Boric, durante su primera visita a la zona, anunció la creación de una Comisión por la Paz y el Entendimiento que, entre marzo de 2023 y 2025, levantará un catastro de cuántos son los terrenos demandados y cuántos será posible restituir a sus dueños originales.
Anticipó, sin embargo, que “no será posible restituir todas las tierras” y que los resultados del trabajo de la Comisión se verán después que termine su mandato, en marzo de 2026.
Antes de llegar al poder hace nueves meses el mandatario favorecía el diálogo con los mapuches para resolver el conflicto, pero un incremento de los atentados lo obligó a acudir al estado de emergencia, a cuya extensión se opuso mientras cumplía su segundo período como diputados (2018-2022).
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