Ningún gobierno en Centroamérica —a excepción de Costa Rica—ha logrado desarrollar un sistema migratorio que se adecúe a las nuevas tendencias de movimientos de población, que se han intensificado en el Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) y México, concluye un informe presentado el jueves.
Los esfuerzos de los países por desarrollar nuevas capacidades para gestionar la migración “a menudo han sido frágiles y débilmente institucionalizados”, sentencia el reporte del centro de pensamiento Migration Policy Institute (MPI).
Además del mediático aumento en la emigración desde los países del Triángulo Norte hacia Estados Unidos, en México también han aumentado las solicitudes de protección humanitaria por parte de personas provenientes tanto de Centroamérica como de Cuba y Haití.
En el 2019, las solicitudes de asilo aumentaron significativamente, a medida que las posibilidades de solicitar la protección en EE. UU. se redujeron bajo el gobierno del expresidente Donald Trump. México recibió 70,000 aplicaciones de asilo en el 2019, más del doble de las 30,000 solicitudes de 2018 y más de cuatro veces que las 15,000 recibidas en 2017, según expone el informe de MPI. Los solicitantes de asilo hondureños representaron el 43% de todas las solicitudes ese año, seguidos por los de El Salvador (13%), Cuba (12%), Venezuela (11%) y Haití (8%).
Por otro lado, los países del Triángulo Norte han se han convertido no sólo en receptores de sus ciudadanos deportados desde EE.UU., sino también en lugares de tránsito. Aunque la mayoría de los migrantes provenientes de estos tres países permanecen en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, otros regresan a sus países de origen, en gran parte por medio de la deportación. Por tanto, “existe una necesidad latente de prestar servicios para apoyar su reintegración”, escribieron los autores del estudio.
Uno de los problemas de fondo, explicó Jorge Peraza, jefe de misión para El Salvador, Guatemala y Honduras de la Organización Internacional para la Migración (OIM), es que los esquemas de protección que existen actualmente en los países no se ajustan a la realidad que obliga a las personas a emigrar.
“El esquema de violencias en Centroamérica es tan complejo que ha implicado revisar el alcance de la protección que existe para la convención de refugio y asilo”, explicó a Peraza en un evento de presentación del informe.
La violencia por las maras, la violencia intrafamiliar —agudizada por la pandemia—son algunos de los ejemplos de las factores que motivan la emigración. En concreto, El Salvador y Honduras tienen una de las tasas más altas de feminicidios de Latinoamérica, según datos de la CEPAL.
“Los esquemas de protección han tenido que reconfigurarse porque no corresponden para lo que se crearon originalmente”, explicó Peraza.
