La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió al Gobierno de Nicaragua devolver las instalaciones confiscadas de los medios Confidencial y 100% Noticias.
Las sedes usurpadas de forma ilegal hace dos años siguen en poder del Gobierno, pese a que los periodistas siguen demandando a la administración Ortega-Murillo su devolución.
A inicios de esta semana el periodista Carlos Fernando Chamorro junto a su familia y la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos fueron agredidos por las Fuerzas Antidisturbios del país centroamericano, con el objetivo de impedir a toda costa que se acercaran al edificio del medio digital Confidencial, propiedad de Chamorro.
El hecho fue condenado por Jorge Canahuati, presidente de la SIP, quien afirmó que dichas acciones solo dejan en evidencia “la represión y el hostigamiento del Gobierno [nicaragüense], que sigue ignorando los llamados internacionales para que se respeten los derechos humanos y los principios democráticos en el país".
Por su parte Carlos Fernando Chamorro exigió al gobierno sandinista el respeto a la libertad de prensa eliminando la censura, “cesar la persecución contra la prensa independiente” y restituir el derecho a la libertad de reunión y “la libertad de movilización” .
La sede de Confidencial, desde donde también se transmitían los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche fue asaltada y saqueada el 14 de diciembre de 2018. Las instalaciones del canal de televisión 100 % Noticias fueron incautadas el 21 de diciembre de ese año. El director del medio, el periodista Miguel Mora, y su jefa de Información, Lucía Pineda, permanecieron encarcelados casi seis meses. Fueron liberados el 11 de junio de 2019, pero no les devolvieron las instalaciones.
"Es evidente que Nicaragua vive una situación de estado de sitio permanente" afirmó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, quien se sumó al llamado de la SIP para para exigir a la administración Ortega la devolución de los bienes e instalaciones a los medios y que les permita hacer sus transmisiones.
La SIP, durante su 76 Asamblea General, emitió una resolución donde condenó las acciones de hostigamiento por parte de la policía al pueblo y especialmente a los periodistas; así como los cobros fiscales para castigar a los medios.
