La Administración Biden emitió el miércoles sus primeras sanciones a cuatro allegados del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tras la persecución desatada recientemente contra opositores y precandidatos presidenciales.
Estados Unidos sancionó a Camila Ortega Murillo, hija de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo; al jefe de bancada del gobernante Frente Sandinista, Edwin Castro; al presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, y al general de brigada del ejército Julio Rodríguez Balladares, director del Instituto de Previsión Social Militar.
Previamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, había instado a Ortega a liberar a los candidatos presidenciales detenidos, así como a otros líderes de la oposición arrestados durante la última semana en lo que llamó una "ola de represión".
"Estas sanciones demuestran que hay costos para los que apoyan o ejecutan la represión del régimen de Ortega", dijo Blinken en un comunicado. "Estados Unidos seguirá utilizando todos los medios diplomáticos y las herramientas económicas a nuestra disposición para apoyar los reclamos de los nicaragüenses por mayor libertad", añadió.
“Me parece muy débil, dada la gravedad de la situación. Deberían ser más fuertes y coordinadas con la Unión Europea”, acota el presidente de Diálogo Interamericano en Washington.
Por su parte Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Centro Woodrow Wilson, agrega que aunque no existen tantas herramientas como se quisiera de la comunidad internacional, las existentes deben ser desplegadas con todo el vigor para contrarrestar la situación.
“Las acciones del Gobierno de Ortega contra la oposición democrática merecen la más severa condena. Las herramientas de la comunidad internacional no son muchos, pero todas tienen que ser desplegados para responder a la gravedad de la situación”, comentó Arnson a la Voz de América.
De acuerdo con otros expertos consultados por la Voz de América, las sanciones a cúpulas y altos funcionarios son una advertencia a Ortega, en caso de continuar en la “deriva autoritaria” y su falta de compromiso para celebrar elecciones “libres y transparentes”.
El militar en retiro del ejército Roberto Samcam dijo que la sanción a Rodríguez Balladares “significa que el Departamento del Tesoro va directo a golpear las finanzas de la institución castrense” porque “es ahí donde están todas las inversiones, empresas y activos” de estos.
“Lo que tiene que hacer el ejército es respetar la Constitución, pero ellos han decidido ponerse al lado del dictador desde las reformas de 2014. Simplemente callaron y se sometieron, subordinaron y bajaron la cabeza ante la dictadura que se venía denunciando”, cuestionó Samcam.
Explicó también que la separación de las cúpulas del ejército del mandatario “es muy difícil porque Ortega se aseguró de embarrarlos en negocios turbios y manejo de plata sucia, inversiones y capital de la cooperación venezolana”.
Por su parte, el analista político Bosco Colomer señala que las sanciones reconocen que “el huracán de Ortega no se ha disipado y por tanto hay un interés de la misma comunidad internacional por mantener en la lupa a Nicaragua”.
De hecho, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó el miércoles a la presidencia del Consejo Permanente de dicho organismo una carta en la que solicita una reunión de urgencia para abordar la situación de Nicaragua, y discutir la activación de los mecanismos necesarios para la aplicación “del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”.
![ARCHIVO - Simpatizantes del gobierno del presidente Daniel Ortega en una marcha en Managua, Nicaragua. [Foto de Houston Castillo, VOA]](https://gdb.voanews.com/9e02c466-3a4d-4806-81c0-b92d92ce28c2_w100_r1.png)
Este artículo señala que cuando se constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, se tomará la decisión de suspenderlo del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo.
Según Colomer, un posible desconocimiento al gobierno coloca en la balanza política a la oposición, otorgando responsabilidad de dirección del país. “Es una decisión que debe ser concertada y asumida con mucho cuidado, considerando el modus operandi de la dictadura, y el antecedente de crímenes de lesa humanidad”, señala.
Opositores continuarán en la vía electoral
A pesar de los arrestos a los principales líderes de oposición, las organizaciones políticas han afirmado que continuarán en el proceso de las elecciones nacionales, pues afirman que es la única vía para sacar a Ortega del poder.
“Se equivoca Ortega si cree que encarcelando a líderes opositores va a mejorar su correlación de fuerzas de cara a un proceso electoral. Este régimen puede encarcelar a todos los opositores visibles, y luego va a seguir encontrándose frente a él a todo un pueblo que lo rechaza y exige su salida pacífica del poder”, afirmó la presidenta el partido opositor Ciudadanos por la Libertad durante una conferencia de prensa este miércoles.
Tamara Dávila, de la organización opositora Unab, comentó que continuarán con el llamado a una “protesta pacífica, no violenta” pues señala que es “Ortega quien tiene las armas y el control del aparato armamentístico”.
“Ortega está claro que perdería en unas elecciones. Él lo que quiere es atornillarse en el poder y unas elecciones para él no son posibles porque lo despojarían del poder, y por eso pretende seguir”, aseguró.
Por ello, indica Dávila, el mandatario de izquierda, desató una persecución sin precedente en la historia de este país.
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