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ONG rechaza acoso contra defensora de derechos humanos en Nicaragua


Una línea de policías antidisturbios permanece afuera de las oficinas del periódico El Confidencial en Managua el 14 de diciembre de 2020.
Una línea de policías antidisturbios permanece afuera de las oficinas del periódico El Confidencial en Managua el 14 de diciembre de 2020.

La activista y su grupo familiar gozan de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La oenegé Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó el acoso contra la abogada y defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez por parte de la policía nicaragüense.

“Exigimos el cese de la represión y persecución política en su contra, así como la libertad plena para las presas y presos políticos en Nicaragua”, escribió el colectivo en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con el organismo no gubernamental, Martínez, quien es reconocida en el país centroamericano por ser la "abogada de los presos políticos", fue detenida de forma “arbitraria “el sábado por la Policía Nacional.

La abogada se encontraba al sur del país al momento de la detención y “ejercía su labor como defensora”, citó la ONG.

Yonarqui Martínez goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde inicios del mes de diciembre y las que, de acuerdo con la denuncia del colectivo, han sido irrespetadas por el "gobierno de Nicaragua".

En la resolución CIDH apunta que, para tomar su decisión, la Comisión valoró que la abogada tiene un rol activo en la defensa de “personas excarceladas e identificadas, desde su punto de vista, como “perseguidos políticos”.

El organismo también citó que la abogada ha sido objeto de “hostigamiento, amenazas y acoso por parte de agentes policiales y fuerzas paraestatales, principalmente cuando realizaba acompañamientos y representación legal de sus clientes”.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica y de derechos humanos, desde que el 18 de abril de 2018 estallaron una serie de manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega, a raíz de unas reformas de la Seguridad Social. Según la CIDH éstas dejaron 328 muertos, y cientos de detenidos, heridos y decenas de miles en el exilio.

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