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Nicaragüenses atentos a resultados y posibles repercusiones de elección en EE.UU.


Una estudiante universitaria enmascarada porta un rótulo de protesta en momentos en que la Policía mantiene su persecución contra quienes han hecho oposición al gobierno de Daniel Ortega. [Foto: Reuters]
Una estudiante universitaria enmascarada porta un rótulo de protesta en momentos en que la Policía mantiene su persecución contra quienes han hecho oposición al gobierno de Daniel Ortega. [Foto: Reuters]

En Nicaragua, ciudadanos comunes y políticos siguen con detenimiento las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos provocan una gran expectativa entre el gobierno y los partidos políticos en Nicaragua, que se mantienen alertas ante las implicaciones que tendría un cambio de gobierno en este país sobre la política internacional y los esfuerzos de Estados Unidos para promover la democracia en Nicaragua.

Sin embargo analistas políticos, como el excanciller de la República Norman Caldera, explicaron a la Voz de América que es poco probable que esta posición cambie ya que las sanciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega tienen el apoyo bipartidista en los Estados Unidos.

“Yo creo que la política de Estados Unidos va a continuar, por lo menos en el caso de Nicaragua, tal vez Nicaragua y Venezuela, no creo que pueda decir lo mismo en los otros casos, pero creo que sí, las políticas están claramente establecidas”, dijo el exdiplomático.

Recientemente la Unidad de Análisis Economist Intelligence de Gran Bretaña señaló que Daniel Ortega estaría esperanzado en que el demócrata Joe Biden derrote a Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre, para luego recurrir a él e intentar quitarse de encima las sanciones financieras.

La unidad de inteligencia de la revista The Economist señala que es probable que Ortega fracase, una opinión que también comparte el exembajador de Nicaragua ante la OEA y analista político, Edgar Parrales.

Parrales señaló que “es una expectativa ilusa, falta de sustancia y contenido, porque en primer lugar ya está establecido en la política norteamericana una posición de consenso entre los dos partidos demócrata y republicano en el congreso acerca de Nicaragua, de presionar al gobierno y aplicarle sanciones en caso de que el gobierno no quiera cambiar su posición”.

Añadió que sumado a las reformas electorales, el gobierno de Nicaragua además debe ceder en la liberación de los presos políticos, abrir las puertas para el regreso seguro de los exiliados, permitir el ingreso de organismos internacionales de derechos humanos y cesar la represión “ en todas sus modalidades, incluyendo el acoso de los opositores hasta en sus casas de habitación”.

“Gane quien gane, el gobierno norteamericano va a continuar en la línea de sancionar a este gobierno mientras no cambie su actitud, y no cumpla con lo firmado y haga las reformas necesarias”, sentenció Parrales.

Mientras, la unidad de análisis británica, que es consultada por inversionistas y empresas del mundo, cree que esta esperanza es la razón por la que el presidente Ortega estaría retrasando hasta el 2021 las reformas electorales, pero advierte que en caso de hacer concesiones en las reformas, estas no serán suficientes como para acceder al poder.

“La reciente medida del gobierno de Ortega para posponer la reforma electoral hasta principios del 2021 sugiere que espera lograr una reversión de algunas sanciones financieras estadounidenses existentes a cambio de concesiones sobre reglas electorales. Sin embargo, seguimos siendo escépticos de que cualquier negociación produciría tal resultado”, afirma el informe de The Economist.

Pero fue el mismo candidato presidencial demócrata, Joe Biden, quien despejó las dudas al respecto el pasado 29 de octubre, cuando dijo que no eliminaría las sanciones.

“No, no las suavizaría. Es más, a los que huyen de esos países no los deportaremos tampoco”, respondió el candidato a la presidencia por el partido demócrata durante una entrevista.

Hasta el momento 22 miembros del círculo de poder del gobierno sandinista han sido sancionados por Estados Unidos, entre ellos la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.

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