Mientras la oposición nicaragüense avanza en la búsqueda de la unidad y de un candidato único para las elecciones presidenciales de noviembre, las reformas electorales siguen siendo un tema pendiente en la Asamblea Nacional de Nicaragua.
En las últimas dos décadas, el sistema electoral de Nicaragua se ha deteriorado con reformas que condujeron al colapso institucional del Consejo Supremo Electoral, al que muchos acusan de estar al servicio de los intereses del partido de gobierno.
Misiones de observación electoral, nacionales e internacionales, han concluido que las elecciones en Nicaragua no respetan el voto popular, y analistas como el doctor en derecho y académico Carlos Tünnermann advierten que las próximas reformas deberán cumplir con las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en respuesta a los cambios y reestructuraciones necesarias.
“Por supuesto, cambios en el Consejo Supremo Electoral. No podemos ir a un nuevo proceso electoral con los mismos magistrados que son responsables de los fraudes anteriores, tiene que haber una reestructuración y modernización del Consejo Supremo Electoral que funcione con transparencia honestidad y de manera responsable”, enfatizó.
Tünnermann sostiene que en el sistema electoral actual no existen condiciones para garantizar elecciones libres, justas y transparentes, mientras el gobierno también ha conculcado el derecho a la observación electoral nacional e internacional.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro dejó claro que las reformas al Consejo Supremo Electoral se discutirán únicamente con los partidos políticos y serán de carácter eminentemente técnico.
Navarro fue enfático al asegurar que van a definir las reformas electorales.
“Como lo dice el memorándum de entendimiento, son reformas eminentemente técnicas referidas exclusivamente a mejorar los trámites y el proceso electoral. Aquí no hay cambios constitucionales ni prohibiciones de ningún tipo como se les ha ocurrido a ese grupo de oenegés”, afirmó.
Es decir, la propuesta que aparentemente presentará el gobierno excluye que las reformas contemplen cambios en la composición del actual Consejo Supremo Electoral, o que incluyan reformas constitucionales, como ha planteado el Grupo Promotor de las Reformas Electorales.
Tampoco reconoce ninguna de las condiciones previas que demandan las organizaciones sociales, como la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades democráticas, que ha sido consensuada con la Coalición Nacional y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
La propuesta del Grupo Pro Reformas Electorales incluye 12 reformas, de las cuales cuatro requieren de una reforma constitucional, por lo que ya no podrían lograrse antes de las elecciones, porque en Nicaragua las reformas constitucionales se aprueban en dos legislaturas, a diferencia de las leyes ordinarias.
Sin embargo, también proponen la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral que garanticen la administración de un proceso electoral independiente, profesional y transparente; la observación electoral irrestricta conforme con los estándares internacionales; un padrón electoral único e integral, previamente auditado y depurado, y la reincorporación, en forma obligatoria, del proceso de verificación ciudadana masiva.
Aún hay tiempo
Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a la Voz de América que aún hay tiempo para lograr las reformas necesarias pero esto dependerá de la voluntad política de las partes.
“El gran tema, ¿se va a lograr? Eso va a depender de la voluntad política de quienes detentan el poder por una parte y, por otro, de cuál va a ser el tipo de presión que pueda ejercer la propia ciudadanía y los partidos”, señaló.
El plazo establecido por la Asamblea General de la OEA para que el presidente Daniel Ortega implemente estas reformas se agota, ya que fue fijado hasta mayo de 2021.
La resolución de la OEA sobre Nicaragua reitera la preocupación de la comunidad internacional por el deterioro de las instituciones democráticas e insta al gobierno “a respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
El documento pone especial énfasis en la necesidad de modernizar el Consejo Supremo Electoral y por ello insta a que el gobierno de Nicaragua “acepte el despliegue amplio y efectivo de las misiones de observación electoral que comprende observadores internacionales independientes y acreditados en el proceso electoral”.
