Ir a un centro de salud pública para aplicarse la vacuna contra COVID-19 fue suficiente para que los medios oficialistas y afines al Gobierno de Nicaragua fotografiaran al exministro y opositor de 88 años Carlos Tünnermann para promover “que se garantizaba el derecho a la salud a pesar de su postura” adversa al presidente Daniel Ortega.
Este mismo escenario han vivido al menos una docena de opositores en Nicaragua cuando acuden a aplicarse la vacuna contra el nuevo coronavirus, según han denunciado en las redes sociales. Desde periodistas, hasta exfuncionarios, todos críticos a la administración sandinista, han sido fotografiados y viralizados en páginas afines al Gobierno.
Uno de los casos más recientes fue el del periodista y director del medio digital Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, quien acudió el viernes 16 de abril a un centro hospitalario junto a su esposa Desirée Elizondo, para obtener la primera dosis de la vacuna Covishield, donada a Nicaragua por el Gobierno de la India.
Según denunció Chamorro, un funcionario del Ministerio de Salud (Minsa), llegó a pedirle unos datos. Lo acompañaba un fotógrafo profesional que al verlo comenzó a disparar con su cámara. Minutos después, las imágenes ya estaban en las redes sociales.
“El recalcitrante opositor Carlos Fernando Chamorro acude a recibir la vacuna contra la COVID-19 gestionada por el buen gobierno de Nicaragua”. “Gobierno del comandante Daniel le garantiza al opositor Carlos Fernando Chamorro su derecho a la vacuna contra la COVID-19”, decían parte de las campañas.
Chamorro respondió en una columna de opinión en Confidencial diciendo que la vacunación contra COVID-19, como otros servicios sociales en Nicaragua, “no son derechos de todos, sino una dádiva que se otorga, discrecionalmente, gracias al ‘comandante y la compañera”.
El periodista condenó lo que llamó el “ritual de escarnio”, del cual también han sido víctimas defensores de derechos humanos, como la doctora Vilma Núñez de Escorcia, y otras figuras que han denunciado la crisis sociopolítica imperante en el país ante instancias internacionales.
Vacunas para asuntos partidarios
La experta en salud pública, Ana Quiroz, exdirectora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), señala que este patrón no es nuevo en Nicaragua.
Quiroz comenta que aparte de ser una violación al derecho humano, el Gobierno tiene la responsabilidad de brindar atención en salud, sin ningún tipo de distinción.
“Es preocupante que las vacunas se estén utilizando para asuntos partidarios. Esto es una forma más de hostigar a personas opositoras al régimen. El Gobierno y sus simpatizantes no tienen ningún derecho de utilizar las vacunas. En general todas las que se han puesto hasta el momento han sido donadas al pueblo de Nicaragua, no a un partido, no a nadie en particular”, criticó Quiroz.
Pero según el catedrático Carlos Tünnerman, uno de los que fue expuesto en las redes sociales del oficialismo, lo que se hace con las vacunas es lo mismo que ocurre con las instituciones del estado que son instrumentalizadas.
“No hay ética. Igual pasa con otros asuntos. Ahora que vamos a elecciones lo vemos. La Ley Electoral prohíbe propaganda en edificios públicos y lo vemos. Está prohibida la politización de la educación y vemos mochilas con propaganda. Es antiético”, expresó Tünnerman a la Voz de América.
El doctor José Antonio Vásquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN) coincidió con Tünnerman en el hecho de que es un abuso el manipular la vacuna.
“Las vacunas no es algo que no está dando el gobierno de forma por su buena voluntad, sino es un deber del pueblo de Nicaragua. Es una donación y los nicaragüenses no importa la ideología, la religión, todos tienen derechos a recibir esta vacuna”, enfatizó Vásquez, quien considera que lo que hace el Gobierno con divulgar fotografías, “es atentar contra la dignidad colectiva e individual” de las personas.
“La salud nunca debe ser politizada ni manipulada a favor de un gobierno. Es un acto más de represión que utiliza el gobierno contra opositores en un año electoral. Es un delito”, agregó.
Ana Quiroz considera que el Gobierno no solo “ha politizado” las vacunas y el sistema público, sino que “lo ha partidarizado con fines electorales una vez más”.
“Esto ha sido una política recurrente por parte de la Administración de Ortega”, finalizó Quiroz, quien se encuentra exiliada en Costa Rica, tras haber sido expulsada de Nicaragua por su participación en las protestas antigubernamentales de 2018.
Por su parte, el Gobierno ha dicho que la “salud es gratuita” y sin ningún costo, pero ha recalcado “que ha sido a través de la buena gestión” de la administración sandinista.
Nicaragua comenzó a aplicar las vacunas contra el COVID-19 el 2 de marzo. Hasta la fecha se desconoce el porcentaje o la cantidad de personas que han recibido la primera dosis de la inmunización.
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