Nicaragua es uno de cinco países de América Latina que no podría inmunizar masivamente a su población contra COVID-19 hasta 2023, según un análisis publicado a mediados de diciembre de 2020 por la Unidad de Inteligencia de The Economist.
Hasta ahora, el gobierno del presidente Daniel Ortega guarda silencio sobre el avance en el proceso de adquisición de una vacuna o sobre un plan nacional de vacunación.
El Salvador, Honduras y Nicaragua integran una lista de 10 países que recibirán vacunas, sin costo alguno, a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVAX, liderado por la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, esto sólo cubrirá a un 20% de la población.
El epidemiólogo Leonel Arguello dijo a la Voz de América que Nicaragua se encuentra en "la fila" para adquirir una vacuna contra COVID 19 pese a los fondos que el país dice tener disponibles para la compra.
"Hay que recordar que los países desarrollados siempre tienen primero la vacuna y luego los subdesarrollados. Esto es producto de que ellos tienen más dinero y compran la producción por adelantado", resaltó el especialista.
The Economist reconoce que los países desarrollados tienen un pie adelantado debido a su índice económico, políticas de salud y capacidad de gestión, lo que a criterio de la epidemióloga Soila Castro deja un panorama más sombrío para los países pobres como Nicaragua.
Castro señala que "los países ricos pueden comprar la vacuna desde antes de su fabricación. Los países pobres debemos esperar donaciones o préstamos para poder hacerlo (...) no olvidemos que somos de los más pobres a nivel mundial".
“Influyen lo económico, las políticas de salud, así como la capacidad de gestionar ante estos problemas, todo influirá en la compra , el almacenamiento, la distribución y la aplicación de las vacunas”, dijo Castro.
En su opinión, “Nicaragua tiene una excelente red para aplicar los biológicos, veamos las jornadas nacionales de vacunación, pero esto debe ir acompañado de un plan de prevención que debe ser estratégico ̈.
En tanto, el asesor económico presidencial, Bayardo Arce, expresó durante una entrevista al Canal 14 que el país ya ha recibido ofertas de financiamiento para completar las dosis de vacunas necesarias y que ya se cuentan con 107 millones de dólares para adquirirlas, aunque no especificó las negociaciones o avances que se han hecho.
“Es de préstamos internacionales; ya hemos recibido ofertas de financiamiento tanto del BCIE (Banco Interamericano de Integración Económica) como del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y en buena medida parte de los fondos del Fondo Monetario Internacional para crear este capital de inversión en salud”, señaló.
Mientras tanto, los demás países centroamericanos, entre ellos Costa Rica, ya han iniciado su proceso de vacunación o preparan el terreno para que sus poblaciones comiencen a ser inmunizadas .
Costa Rica está a la cabeza de la región. Inició 2021 con 2.455 personas inmunizadas con la primera dosis de la vacuna de Pfizer. El gobierno de Carlos Alvarado adquirió tres millones de dosis que protegerán a 1,5 millones de personas.
En Panamá, el gobierno afirmó en diciembre que habían negociado la compra de tres millones de vacunas de Pfizer, además de 1,92 millones de AstraZeneca y negociaba con la farmacéutica Johnson & Johnson, aunque aún no ha iniciado su proceso de vacunación.
La exministra de salud Dora María Telléz expresó a la VOA que el gobierno de Nicaragua no está haciendo gestiones para conseguir la vacuna.
Telléz criticó el manejo del gobierno de la emergencia sanitaria, su lentitud para conseguir la vacuna y la falta de responsabilidad del estado en la propagación de la enfermedad.
“Lo que hemos visto es que el régimen no hace gestiones y una cosa peor para fin de año y año nuevo, el régimen organizó fiestas y carnavales en todos los balnearios del país y hay un estimado que se movilizaron unas 300.000 personas. Eso es una cosa gravísima, porque es promover aglomeraciones que es la principal regla de prevención contra el COVID 19”, señaló.
Las organizaciones médicas independientes esperan que el estado cumpla la responsabilidad asumida con los organismos financieros internacionales de brindar información clara, responsable y transparente de la situación del país.
