Los políticos opositores, activistas y periodistas independientes cada vez tienen el cerco más cerrado en Nicaragua. Miguel Mora, precandidato presidencial en las elecciones generales de noviembre, fue arrestado en la noche del domingo acusado de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”.
Es la justificación que dan las autoridades nicaragüenses para arrestar a la mayoría de los opositores, una normativa que se recoge en el artículo 1 de la Ley 1055, conocida popularmente como la “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia”.
Varios organismos internacionales han dado la voz de alarma ante el agravamiento de la situación a medida que se acerca el 7 de noviembre, la fecha en la que está prevista la celebración de los comicios.
“Hay motivos por los que preocuparse”
En entrevista con la Voz de América, el profesor especializado en política latinoamericana en la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés), Eduardo Gamarra advirtió que “sí que hay motivos por los que preocuparse” en la región en tanto que la democracia en el país está “en serios problemas” y Nicaragua podría convertirse en una dictadura de facto.
“La situación de la democracia no es buena, y me refiero a la democracia basada en la separación de poderes, a la independencia judicial, a la libertad de prensa, de expresión y, obviamente, al respeto de los derechos humanos”, manifestaba.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el organismo que vela por la libertad de prensa y de los periodistas en las Américas, ha denunciado que el gobierno liderado por el presidente Daniel Ortega ha creado un sistema legislativo a su medida para acabar con las voces críticas en el país.
SIP: Ortega ha creado leyes a su medida
“Estamos ante un régimen que, resguardado en leyes creadas a su medida, se empeña en aniquilar todas las voces críticas y a sus rivales políticas. Se trata de un claro atentado contra la democracia y la libertad de expresión”, indicaba el presidente de la SIP, Jorge Canahuati.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo a la VOA que los movimientos perpetrados por el ejecutivo de Daniel Ortega obedecen al “riesgo cierto de perder el poder” en las próximas elecciones, por lo que el mandatario está “recurriendo a la represión como única arma para frenar su posible caída”.
“Esto lleva a la detención de dirigentes políticos, sociales, periodistas, pero esto no va a tener fin aquí y se va a acentuar a medida que se acerque la fecha de las elecciones”, pronosticaba Jornet.
Los periodistas, en el punto de mira
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ en inglés) también ha denunciado la “ola de represión” que están sufriendo especialmente los profesionales de la información que están tratando de explicar la realidad que se vive desde dentro del país.
“Desde las protestas sociales de 2018, hemos visto varias olas de represión y ahora nos encontramos en un momento de más censura y más represión contra toda la prensa independiente en Nicaragua, porque el gobierno de Daniel Ortega está haciendo una presión muy fuerte para controlar toda la prensa”, exponía Natalie Southwick, coordinadora para América Latina y el Caribe del CPJ.
Después del 7 de noviembre
¿Qué es lo que va a pasar después del 7 de noviembre? Es la pregunta que muchos se hacen al ver el escenario que se plantea en Nicaragua tras la celebración de unos comicios que no cuentan con el respaldo de la mayoría de los países de la comunidad internacional.
“Esa es la receta en toda la región: una vez que logran ganar elecciones, de una manera legítima, utilizan ese mandato para cambiar las reglas del juego y concentrar el poder. Ha sido la receta venezolana, pero podemos ir más allá y hablar incluso de la receta de (Alberto) Fujimori en Perú”, detallaba Gamarra.
La mencionada Ley 1055, la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como "ley mordaza", y la ley sobre Regulación de Agentes Extranjeros están siendo ejecutadas por el Departamento de Justicia de Nicaragua, un organismo que tampoco cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, y son normas que han levantado la desconfianza en muchos sectores del país.
Presión internacional
Es por eso que la Organización de Estados Americanos (OEA) había pedido insistentemente al gobierno nicaragüense la propuesta de una reforma electoral con el objetivo de garantizar unos comicios “libres y transparentes”. A pesar de los pedidos, el mandatario hizo caso omiso y, hasta el momento, no se ha presentado ninguna propuesta legislativa al respecto.
La Comisión Permanente de la OEA, preocupada por la “instauración de una tercera dictadura en la región”, aprobó una resolución en la que se ponía de manifiesto la grave situación que se vive en Nicaragua, al tiempo que se exigía la liberación de los “presos políticos”, terminar con la represión a políticos, activistas y periodistas, reclamando así una reforma electoral.
![Cumbre Extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamérica (SICA), junio 2021. [Foto cortesía]](https://gdb.voanews.com/65c99ff1-4111-4297-b532-d987ddb59f8e_w100_r1.jpg)
Jornet, de la SIP, está convencido que con la actitud del Gobierno nicaragüense se está dejando en claro que “la presión internacional no les importa”.
“La presión internacional no les importa a Daniel Ortega y a su esposa (Rosario Murillo). Yo creo que ni el régimen de Maduro se atrevió a tanto en vísperas de una elección presidencial. Nosotros ya advertimos que estas elecciones iban a tener poco de limpias, de transparentes y de justas”, exponía al justificar que el “régimen no está dispuesto a una competencia abierta con otros partidos políticos por el riesgo” de derrota que se pronostica.
Acuerdo bipartidista en Estados Unidos
Desde Estados Unidos se sigue muy de cerca la evolución de esta situación y la cuestión nicaragüense se ha vuelto algo bipartidista en las altas esferas de la política. Desde el Congreso de Estados Unidos se está abordando esta crisis con el objetivo de buscar una solución y tejer alianzas con los socios de la región.
El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, que funge como presidente en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y es el latino de más alto rango en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, anunció que presentará un paquete de sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega para castigar “de forma severa” a los miembros del ejecutivo nicaragüense.
“Tenemos que rescatar la posibilidad de una democracia en ese país y no nos podemos permitir una tercera dictadura (en América Latina)”, manifestó el senador en declaraciones a varios medios de comunicación, entre ellos la VOA.
En esa misma línea, el congresista republicano Mario Diaz-Balart defiende que desde el país norteamericano se tiene que seguir presionando al gobierno oficialista a través de esos mecanismos de sanciones.
“Estados Unidos tiene que demostrar más solidaridad y más apoyo a ese noble pueblo de Nicaragua, y más presión a Ortega. Esa presión no es únicamente a través de Estados Unidos, sino a través de la diplomacia de Estados Unidos para sancionar y presionar a los que estén ayudando y financiando al régimen de Ortega”, apostilló.
