Después de que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentara la semana anterior un informe titulado 'El Estado de derecho se está deteriorando en Nicaragua', la institución ha solicitado al gobierno de Daniel Ortega que permita el ingreso de una misión que verifique la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.
La solicitud a cargo de la alta comisionada adjunta, Nada al Nashif, permitiría a la institución de derechos humanos, “una imagen más real de la situación”, aseguró la funcionaria.
La ONU fue expulsada por el gobierno de Ortega de Nicaragua en 2018, después de que una misión presentará un informe que detallaba los abusos y represión que estaba sufriendo la población por parte de los cuerpos de seguridad durante una serie de protestas convocadas por la sociedad civil en desacuerdo con las reformas hechas a la seguridad social.
La alta comisionada adjunta recalcó que la ONU sigue abierta al diálogo con el gobierno nicaragüense, pese a que este se ha negado a ello.
De acuerdo con Nashif, hasta la fecha el organismo le ha enviado 37 solicitudes de información relacionada a temas de derechos humanos al gobierno de Nicaragua, de las que solo fueron contestadas 17, y a partir de junio de 2020, dijo, Managua cortó toda comunicación con el organismo internacional.
Nashif lamentó la actitud de la Administración Ortega y recalcó que, de no reanudarse el diálogo, será sumamente difícil “conservar la cooperación que resulta muy útil en este momento” al país centroamericano.
El informe
Por su parte Bachelet, durante la presentación del informe al Consejo de Derechos Humanos, el jueves pasado, pidió una reforma electoral urgente en Nicaragua para asegurar que las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre sean "libres, justas y transparentes".
"A medida que Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, el Estado de derecho continúa deteriorándose", consideró la alta comisionada de la ONU.
El encuentro, que se desarrolló de forma virtual, también contó con la participación de la representante de Nicaragua, Wendy Morales Urbina, quien durante su participación aseveró que su gobierno "expresa su absoluto rechazo al informe", considerado "unilateral, parcial y falto de objetividad".
"El gobierno (...) rechaza enérgicamente este tipo de informes basados en injerencias y que buscan seguir denigrando a nuestras autoridades e instituciones nacionales", agregó.
