La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el lunes que las leyes contra el aborto en los países del Triángulo Norte de Centroamérica “agravan la vulnerabilidad” de las mujeres y niñas migrantes.
En su informe “Sometidos a abusos y abandonados”, publicado por la Oficina contra la Droga y el Delito del organismo (UNODC), señala que este grupo es “uno de los más indefensos ante las violaciones y abusos sexuales” al huir de sus países y que muchas de estas mujeres emigran por el abandono del Estado.
“Las diferentes formas de violencia sexual, explotación sexual, violación o agresiones a mujeres son omnipresentes en todas las rutas migratorias y de contrabando y parecen afectar casi exclusivamente a las mujeres cuando tienen una dimensión financiera”, apunta el informe.
“Nuestra investigación mostró que los contrabandistas u otros perpetradores utilizan la violencia como una forma de castigo, intimidación o coerción, y que a menudo se infligen sin razón aparente”, dice Morgane Nicot, quien coordinó el desarrollo del estudio.
De acuerdo con el informe “Las leyes que penalizan el aborto y los actos sexuales entre personas del mismo sexo ponen en la diana a las mujeres y a los miembros de la comunidad LGBTQI+”.
ONU resalta en el documento que, en países como El Salvador y Honduras, el aborto está penalizado en todas las circunstancias y en Guatemala el aborto sólo es legal cuando hay peligro para la vida de la madre.
Para el organismo la penalización del aborto “expone a las víctimas a la criminalización y al riesgo de ser acusadas y procesadas ellas mismas, hecho que desalienta gravemente la denuncia de estos abusos”.
Los coyotes y las redes de tráfico ilícito
En el reporte además señala que tanto hombres como mujeres que utilizan las redes de tráfico ilícito para huir de sus países de origen suelen ser objeto de violencia extrema, tortura, violación y secuestro mientras se encuentran en tránsito o en cautiverio.
Pese a esos delitos, las autoridades de los países de tránsito o de origen “toman pocas medidas y, en algunos casos, los funcionarios son cómplices de estos delitos”.
“Descubrimos que los hombres migrantes son principalmente sometidos a trabajos forzados y violencia física, mientras que las mujeres están más expuestas a la violencia sexual, lo que lleva a embarazos no deseados y abortos. Todos los géneros pueden sufrir un trato inhumano y degradante”, añadió la coordinadora del estudio.
Nicot, explicó que a pesar de que el tráfico ilícito de migrantes es una actividad delictiva rentable y que los países documentan periódicamente tragedias relacionadas con este hecho, hay poca información disponible o evidencia de que tales delitos den lugar a investigaciones o procesos judiciales, especialmente en los países de tránsito donde se cometen los delitos.
Algunos migrantes se muestran reacios a denunciar abusos porque podrían ser tratados como delincuentes, ya sea por su situación irregular o por tener un aborto, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o con miembros del mismo sexo, actos que son punibles en algunos países.
“Los migrantes tampoco se presentan porque una parte significativa de los abusos provienen de funcionarios públicos que también pueden estar involucrados en la operación real de tráfico de migrantes”, puntualizó Nicot.
Según el documento estos funcionarios incluyen guardias fronterizos, policías y personal que trabaja en los centros de detención.
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