La reciente Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada hace una semana en Nicaragua pone en riesgo la cooperación solidaria que recibe al menos medio millón de nicaragüenses de organizaciones no gubernamentales, alertó el Secretariado de ONG internacionales (SONGI) en una carta pública.
El documento señala que al menos 32 oenegés gestionan cada año más de 25,5 millones de dólares en cooperación solidaria, que llega hasta las comunidades más remotas del país para contribuir en la lucha contra la pobreza, el mejoramiento de la nutrición y la seguridad alimentaria.
La nueva ley exige a las entidades que operan en Nicaragua bajo orden o supervisión de un organismo externo registrarse como "agentes extranjeros" ante el Ministerio de Gobernación y reportar mensualmente sus movimientos financieros. Esto incluye a consultores, relacionistas públicos, agentes de publicidad y empleadores de servicios de información.
El Secretariado de ONG señala que estos reportes mensuales podrían ser imposibles de manejar, “dada la enorme cantidad de personas que tendrían que registrarse, los complicados procedimientos y la corta periodicidad que se establece”.
Jorge Mendoza, representante del Consejo de Coordinación de CODENI, una oenegé que trabaja en la prevención de los embarazos en adolescentes en Nicaragua desde hace más de una década, señala que desde 2018 varias leyes o reglamentos que han venido a torpedear el trabajo de dichas organizaciones.
“Desde 2018 hay por lo menos nueve leyes, decretos, reglamentos que vienen encasillando el accionar de sociedad civil hacia tipos delictivos de persecución internacional; la proliferación de armas masivas, delitos internacionales como lavado de dinero. Todo este marco normativo es debilitante para las oenegés”, lamenta Mendoza en entrevista con la Voz de América.
Mendoza apuntó que si bien la ley se flexibilizó con algunas excepciones a organizaciones religiosas y corresponsales internacionales, mantiene un fin estigmatizante que ahuyentaría a los cooperantes.
“Todos estos proyectos de oenegés se encuentran en peligro porque evidentemente las agencias de cooperación externa no quieren ver comprometidos sus fondos en un escándalo que pueda dar la idea de que ellos están aportando para una organización que desestabiliza la gobernanza nacional”, agregó.
“Hemos sido una piedra en el zapato”
La socióloga María Teresa Blandón, quien dirige la oenegé La Corriente, también considera como “nociva” la ley, que viene, según dice, a ejercer mayor control sobre las organizaciones que el gobierno considera “un estorbo en el zapato”.
“Yo creo que la intensión del régimen Ortega-Murillo es evidente. Quieren controlar a las organizaciones de la sociedad civil, controlar a la prensa independiente, controlar a las oenegés nacionales e internacionales de tal manera que resuelven dos cosas: reforzar la censura e impedir a ciudadanos nacionales que se organicen, que se expresen libremente y quieran optar en el ejercicio de sus derechos en un cargo de elección popular”, explicó Blandón.
Tras la publicación de la nueva Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en La Gaceta, las oenegés tienen 60 días a partir de este lunes para registrarse como tal ante el Ministerio de Gobernación (Migob).
De acuerdo con la Ley, si el Migob llegara a tener conocimiento de “agentes extranjeros” que no han cumplido con la obligación de registrarse, procederá a otorgarles un plazo no mayor a cinco días hábiles para llevar a cabo esta obligación.
En caso de que, transcurrido el plazo, no se haya hecho la inscripción, se aplicarán multas o se cancelará la personalidad jurídica de dichas organizaciones.
A juicio de Blandón, el cierre de estos espacios sería un daño gravísimo a los ciudadanos que se ven beneficiados con los programas de las organizaciones. “Aunque al régimen no le interesa que la gente reciba información sobre sus derechos humanos y ciudadanos”, comenta.
“Organizaciones como La Corriente que trabaja en la prevención de la violencia de género, en la promoción de derechos sexuales y reproductivos, que promueve nuevas visiones de participación ciudadana, han sido más bien un obstáculo para el régimen”, dijo Blandón.
“Hemos sido más bien una piedra en el zapato porque estamos haciendo una nueva forma de hacer política, que no es política partidaria, que tiene que ver con el fortalecimiento de la conciencia ciudadana y esto no le conviene a ningún régimen autoritario”, añadió.
Con esta ley, la también socióloga señala que el gobierno pretende “matar dos pájaros de un solo tiro”: inhibir las voces que fomentan la democracia en el país y eliminar a cualquier persona valiosa que quiera ostentar a algún cargo público.
Y es que la misma Ley establece en el artículo 14 que quienes reciban fondos extranjeros no podrán hacer actividades de carácter político y agrega que “tampoco pueden financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua”.
“Todas las organizaciones de la sociedad civil estamos sujetas de aplicación de esta ley porque es tan draconiana, invasiva y punitiva que el Estado se adjudica todos nuestros derechos sobre las organizaciones. Cualquier cosa que hagamos nosotras, serán vista como un delito”, advierte Blandón.
Oficialismo defiende la ley
La visión del gobierno es diferente. El diputado sandinista y presidente de la Comisión de Producción de Economía y Presupuesto, Wálmaro Gutiérrez, señala que la ley es una “deuda histórica”, que tenían los legisladores con el “pueblo de Nicaragua”, pues a su juicio defiende la soberanía del país.
Gutiérrez alega que, a través de organizaciones no gubernamentales se canalizaron y hasta compraron votos de la ciudadanía para supuestamente vencer al mandatario nicaragüense Daniel Ortega, quien gobierna desde hace más de 13 años consecutivos.
"No puede seguir sucediendo que un millón de dólares valgan más que un millón de votos ", argumentó Gutiérrez, quien sostuvo que organizaciones extranjeras financian a entidades locales para hacer campaña contra la administración sandinista.
