Un nuevo informe de Amnistía Internacional, difundido el lunes, denuncia que las estrategias utilizadas por el gobierno de Daniel Ortega, “han perpetuado uno de los capítulos más sombríos en la historia reciente del país, donde cualquier persona que se oponga a las políticas del gobierno puede perder su libertad y hasta su vida”.
Según el informe: En Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua, el gobierno se ha dedicado a erradicar, “a cualquier costo, el activismo y la defensa de los derechos humanos”.
“Durante casi tres años, el gobierno de Daniel Ortega ha mostrado una y otra vez que está dispuesto a cualquier cosa para evitar que los derechos humanos sean una realidad en Nicaragua. Es necesario poner un alto a las autoridades nicaragüenses que pisotean continuamente la dignidad de miles de víctimas de la represión”, apuntó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Para reforzar sus palabras Rosas señaló, en una nota de prensa, la forma en que las organizaciones locales continúan denunciando cómo el gobierno utiliza al Poder Judicial para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios.
Prueba de ello, dice, es que antes de que noviembre de 2020 terminara, “más de 100 personas continuaban tras las rejas solo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica”.
Aún privados de libertad los activistas, siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo.
De acuerdo con lo publicado por el organismo el COVID-19 agravó los problemas históricos relacionados a las condiciones carcelarias en el país centroamericano, lo que ha puesto en alerta a las familias de las víctimas, así como a organismos de derechos humanos.
“Organizaciones locales entrevistadas por Amnistía Internacional relataron que decenas de personas detenidas por motivos políticos sufren de padecimientos médicos que los hacen especialmente vulnerables al COVID-19. De acuerdo con testimonios recogidos por Amnistía Internacional, aunque algunas personas detenidas han mostrado síntomas que podrían ser compatibles con el virus, las pruebas son prácticamente inexistentes, así como la atención médica o los cuidados sanitarios”, citó el organismo.
Amnistía Internacional hizo un llamado a la comunidad internacional para que tome acción, a la brevedad posible “para detener la pesadilla en la que vive la población y tomar acciones que brinden total apoyo a todas las personas que mantienen su lucha por una Nicaragua libre de represión”.
La situación en la que se encuentran periodistas y defensores de derechos humanos es un “permanente hostigamiento por parte de las autoridades”. El organismo también señala en el documento que el hostigamiento se perpetúa amparándose en las leyes que están promulgando.
"Las leyes que el Gobierno de Ortega quiere impulsar están concebidas, diseñadas y aprobadas para reprimir", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El organismo resaltó el temor expresado por defensores de derechos humanos para quienes la situación de Nicaragua podría empeorar de cara a los comicios presidenciales de noviembre de 2021. "Las violaciones a los derechos humanos, que no se han detenido, recrudecerán mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición o crítica", citó.
Más de 100 ejecuciones extrajudiciales
Paralelo al informe de Amnistía Internacional, La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) presentaron el suyo bajo el título “¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua, ¿hasta cuándo?
En el documento denuncian que entre 2018 y 2020, se han registrado en el país 328 muertes en el marco de las protestas antigubernamentales y ha habido 113 ejecuciones extrajudiciales. Además, responsabilizan de ello al mandatario Daniel Ortega, y a su esposa, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo.
Otros nombres que aparecen como responsables en el informe son el del director de la Policía Nacional, Francisco Díaz Madriz y la exministra de Salud Sonia Castro.
