La elección de los magistrados para la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia en Guatemala está estancada en el Congreso desde hace más de un año a consecuencia de la falta de acuerdos entre las bancadas y lo que expertos califican como una “lucha de poderes”.
El legislativo justifica su inacción por la imposibilidad de celebrar una elección tal como lo mandaron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
El proceso de selección de nuevos magistrados debió haberse completado el 13 de octubre pasado y el estancamiento continúa.
El analista político Cristhians Castillo explica que “hay una pugna de poder político que no llega a consensos para establecer la forma de distribución de las cuotas de poder en el organismo judicial y esto ha entorpecido la elección y nos mantiene en esta incertidumbre”.
“Mientras haya una alianza de actores interesados en que continuemos en este vacío de justicia en el país, pues han entorpecido la elección”, agregó.
Recientemente y bajo la bandera de “lucha contra la corrupción”, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció la prohibición de entrada a territorio estadounidense al diputado Felipe Alejos y a la exdiputada Delia Bac, lo que el analista Castillo considera como un llamado de atención que continuará para los actores políticos en Guatemala.
Según un comunicado del Departamento de Estado, Felipe Alejos Lorenzana, primer secretario del Congreso de la República de Guatemala, y la exdiputada Delia Bac “han socavado el Estado de derecho y la fe del público guatemalteco en su gobierno y en las instituciones democráticas y los procesos públicos de su país”.
En respuesta, el diputado Felipe Alejos indicó que respeta la decisión, pero advirtió que no recibió ninguna notificación.
“Yo soy respetuoso de las leyes y del gobierno de Estados Unidos como cualquier otro país soberano, en el lugar y el momento oportuno para aclarar la situación, cuando tenga los detalles, lo voy a hacer”, declaró.
El analista Castillo concluye que la falta de conformación de las cortes provoca la pérdida de credibilidad en el Organismo Judicial y una seudoparálisis en la justicia.
